Hace algunos años, los investigadores documentaron que los tiempos de finalización de los maratones siguen un patrón especial. Muchos corredores terminan justo antes de 3 horas y 30 minutos, 4 horas y 0 minutos y otros umbrales de 30 minutos, mientras que pocos terminan justo después de esos umbrales. No hay ninguna razón fisiológica para creer que los corredores son mucho más capaces de terminar 42,2 kilómetros en 3 horas y 59 minutos que en 4 horas y 1 minuto. Sin embargo, la razón del patrón observado es obvia. Los individuos se fijan objetivos y estos influyen en su comportamiento.
Distribución de los tiempos de finalización de un maratón
Nota: Las barras oscuras resaltan la densidad en el intervalo de minutos justo antes de cada umbral de 30 minutos.
Fuente: Allen y otros (2004). (PDF, en inglés)
Los individuos no son los únicos que se fijan objetivos y se dejan influir por ellos. Los países también establecen objetivos en diversos ámbitos y modifican sus políticas en función de ellos. Dinamarca, por ejemplo, ha desembolsado en los últimos años algo más del 0,70 % de su ingreso nacional bruto como asistencia oficial para el desarrollo (AOD) (i). No por casualidad, este es precisamente el objetivo que los países ricos deberían dedicar a la AOD durante décadas.
Debido a esta relación entre los objetivos y las acciones, la cooperación internacional se fundamenta en los objetivos. Esto se hace más evidente en las 169 metas asociadas a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la agenda más ambiciosa jamás establecida para el bienestar de nuestro planeta. Además de las metas de los ODS, existen varios objetivos internacionales relativos a la asignación de recursos gubernamentales. Por citar algunos ejemplos, en el Marco de Acción Educación 2030 (i) se insta a los países a asignar al menos entre el 4 % y el 6 % del PIB o al menos entre el 15 % y el 20 % del gasto público total a la educación, mientras que en la Declaración de Abuja se llama a los países a destinar al menos el 15 % de su presupuesto anual a mejorar el sector sanitario. La Agenda de Acción de Addis Abeba sobre Financiación para el Desarrollo (PDF, en inglés) anima a los países a establecer “objetivos de gasto apropiados a nivel nacional para las inversiones de calidad en servicios públicos esenciales para todos, que incluyen la salud, la educación, la energía, el agua y el saneamiento, en consonancia con las estrategias nacionales de desarrollo sostenibles”.
Los especialistas del sector aprovechan estos objetivos de gasto durante sus negociaciones presupuestarias y pueden alentar a los Gobiernos a priorizar el financiamiento de las áreas que necesitan recursos. Por el contrario, los ámbitos sin objetivos de gasto podrían tener más dificultades para convencer al Ministerio de Hacienda de su importancia presupuestaria. El gasto en datos es un buen ejemplo. En el Informe sobre el desarrollo mundial 2021: Datos para una vida mejor (i) se plantea que los datos gubernamentales pueden tener un impacto transformador en la vida de las personas y que, sin embargo, hay escasez de financiamiento para productos, herramientas y análisis de datos fundamentales. Es posible que los responsables de la toma de decisiones en las oficinas presupuestarias no comprendan del todo cuánto financiamiento es necesario para producir datos de alta calidad, o que carezcan de los incentivos necesarios para priorizar la inversión en datos. Una forma de aumentar la prioridad que se asigna al financiamiento de datos sería establecer un objetivo para el gasto público en datos, probablemente como una fracción del PIB o del gasto público total. A diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la salud y la educación, actualmente no existe un objetivo de este tipo en materia de datos.
Varios factores complican el establecimiento de un objetivo internacional sobre el gasto en datos. Una de las razones es que ese gasto puede ser muy rentable a escala. Esto significa que es poco probable que un país populoso necesite gastar el mismo porcentaje del PIB o del gasto público en datos que un país menos poblado. También hay rendimientos a escala en otros ámbitos, pero con respecto a los datos (que, a diferencia de las escuelas y los hospitales, requieren menos infraestructura física y empleados públicos), esos rendimientos son indudablemente mayores.
Una segunda razón por la que resulta difícil fijar un objetivo de gasto público, de carácter más fundamental, es que, al contrario de lo que ocurre en la mayoría de los demás ámbitos, el gasto en datos afecta a varios organismos gubernamentales. Esto significa que averiguar exactamente cuánto gastan los países en datos es un desafío. Una forma de calcularlo más manejable sería centrarse en el gasto en el sistema estadístico nacional. Podría derivarse un objetivo con vistas a los recursos necesarios para financiar completamente el plan estadístico nacional o basarse en el gasto de los países homólogos que han logrado un financiamiento suficiente. Sin embargo, los datos sistemáticos entre países sobre este tema son increíblemente difíciles de conseguir. Irónicamente, los datos sobre el gasto gubernamental en datos son sumamente difíciles de obtener, lo que dificulta la creación y el seguimiento de los avances hacia los objetivos de gasto.
Sin esos datos, ¿cómo se puede determinar cuál debe ser el objetivo? ¿Cuánto deben gastar los Gobiernos en datos o, de forma más concreta, en el sistema estadístico nacional?
Aunque los datos son escasos, disponemos de algunos. En particular, a través del indicador 17.18.3 de los ODS, PARIS21 (i) hace un seguimiento del número de países que cuentan con planes estadísticos nacionales plenamente financiados. Además, en un documento reciente (PDF, en inglés) redactado por colegas de la misma institución se calcula cuánto costará a los países en desarrollo cumplir con tres ambiciones diferentes para los sistemas estadísticos. Según la hipótesis de una ambición baja, a los países de la AIF y el BIRF les costará USD 2900 millones anuales apoyar la producción estadística para medir los ODS. Según la hipótesis de una ambición mediana, costaría USD 4200 millones al año para, además, financiar las actividades de desarrollo de capacidad, y en la hipótesis de una ambición alta, el costo anual se estima en USD 5600 millones para implementar todas las actividades del Plan de Acción Mundial de Ciudad del Cabo para los Datos sobre el Desarrollo Sostenible (i). Desagregar estas cifras según la AIF y el BIRF y expresarlas como parte del PIB y del gasto público permite hacer una estimación aproximada de lo que podrían ser los objetivos de gasto en datos:
Objetivos de gasto en el sistema estadístico nacional como porcentaje del PIB y del gasto público
Fuentes: Calleja y Rogerson (2019) (PDF, en inglés); Indicadores del Desarrollo Mundial (i).
Nota: Cálculos de los autores basados en las fuentes anteriores.
Estos cálculos revelan que un objetivo de gran ambición para el gasto en actividades estadísticas en los países de la AIF es de aproximadamente el 0,1 % del PIB o el 1 % del gasto público. Un objetivo muy ambicioso para los países del BIRF es una décima parte de eso: el 0,01 % del PIB o el 0,1 % del gasto público. El objetivo de ambición baja reduce todas estas cifras a la mitad.
En comparación con los objetivos de salud y educación mencionados anteriormente, estas cifras son pequeñas. Sin embargo, el volumen de las cifras no debe distraer la atención de la magnitud del reto que supone movilizar dicho financiamiento, ya sea a nivel nacional o a través de la AOD. Hasta ahora, los sistemas estadísticos nacionales de demasiados países están gravemente desfinanciados. Para ellos, conseguir este financiamiento no es precisamente algo fácil de hacer. Se trata más bien de un maratón que requiere la creación de una cultura de uso de datos y duras negociaciones presupuestarias. Tal vez la disponibilidad de objetivos en materia de gasto pueda hacer que algunos países superen la línea de meta un poco más rápido.
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