Abordar el gasto salarial del sector público en los países del Consejo de Cooperación del Golfo

Los países de la región de Oriente Medio y Norte de África, y especialmente los del Golfo, tienen grandes sectores públicos. Como parte del contrato social, los Gobiernos del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) han proporcionado servicios gratuitos de atención de salud, educación, seguridad social y subsidios para la vivienda y los servicios públicos a sus ciudadanos. Además, los ciudadanos han tenido casi garantizados empleos bien remunerados en el sector público. Esto ha mantenido bajas las tasas de desempleo (especialmente en el contexto de tasas tradicionalmente bajas de participación en la fuerza laboral entre los ciudadanos del Golfo) y ha asegurado un alto grado de cohesión y desarrollo social. Por ejemplo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (i), las tasas de desempleo en Qatar (0,1 %), Omán (1,8 %), Kuwait (2,2 %) y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) (2,2 %) se encuentran entre las más bajas del mundo.

Hasta 2014, este contrato social se mantuvo estable. De hecho, entre 2010 y 2015, con un precio promedio de más de USD 100 por barril y en el contexto de la primavera árabe, los Gobiernos del Golfo pudieron aumentar rápidamente los pagos de beneficios sociales y los salarios del sector público para mantener la situación vigente. Pero a partir de 2015, cuando los precios del petróleo bajaron a alrededor de USD 60 por barril, estos generosos programas parecían ser insostenibles.

Desde 2015, la mayoría de las economías del Golfo acumularon importantes déficits públicos, lo que redujo los ahorros acumulados durante los años de auge. Posteriormente, justo cuando se estaban contrayendo las arcas públicas, la pandemia de COVID-19 paralizó la economía mundial. Los Gobiernos de los países del Golfo, como casi todos los demás en el mundo, actuaron rápidamente para apoyar a sus ciudadanos y empresas durante la pandemia. Pero esto tiene un costo. Ahora, dado los crecientes déficits del sector público y el exceso de deuda pública, los Gobiernos del CCG están considerando la posibilidad de modificar sus gastos públicos para hacerlos más sostenibles.

Nuestro análisis indica que muchos países del CCG tienen una proporción similar o menor de funcionarios públicos que los países escandinavos famosos por su prestación de servicios y su condición de «superpotencias en materia de estilo de vida». Sin embargo, los países del CCG pagan a sus empleados públicos mucho más de lo que podrían ganar en el sector privado. Esto es especialmente cierto en el caso de los trabajos de nivel inicial y los que requieren bajos niveles de cualificación, en que los funcionarios públicos ganan habitualmente mucho más que sus pares del sector privado.

Junto con generosos beneficios no monetarios, largos feriados y horarios de trabajo más cortos, el sector público sigue siendo el empleador preferido por muchos ciudadanos de los países del CCG.  Esto, a su vez, está demostrando ser un lastre para la economía, ya que el sector privado no puede contratar a personas instruidas y se ve obligado a pagar salarios más altos a los ciudadanos o a contratar a expatriados para compensar la diferencia.

Para abordar este problema será necesario un enfoque de múltiples dimensiones, que parta por establecer controles más fuertes en los procedimientos de contratación y topes presupuestarios para las pensiones y los salarios. Por ejemplo, en Arabia Saudita, las asignaciones para funcionarios públicos aumentaron de 44 000 millones a 148 000 millones de riales sauditas entre 2016 y 2019. Kuwait ha contratado a casi un tercio de sus funcionarios públicos tan sólo en los últimos cinco años. Con menos recursos, Omán se ha visto obligado a limitar la contratación y el Gobierno ha solicitado jubilarse a todos los empleados con más de 30 años de servicio. Al mismo tiempo, este país continúa brindando una generosa pensión equivalente al 77 % de la indemnización final, lo que en la práctica desplaza el problema del gasto salarial al plan de pensiones (la única diferencia es que el déficit de pensiones se presentará más adelante).

Más allá de los controles a corto plazo, los Gobiernos del CCG deben poner en marcha amplias reformas de la administración pública. La experiencia internacional indica que en las reformas exitosas se combina un tamaño adecuado del sector público con una atención especial en la mejora del desempeño y la prestación de servicios. En los países del CCG, a pesar de los altos niveles de gasto en los ministerios de salud y educación, los resultados de desempeño siguen a la zaga. Por ejemplo, Kuwait gasta la misma cantidad por alumno que Finlandia, pero los resultados educativos están a la par de los de países mucho menos desarrollados. Arabia Saudita destina el 5,2 % de su producto interno bruto (PIB) a educación, en comparación con el 3,5 % en los países de ingreso alto, pero sus estudiantes solo logran 7,8 años de aprendizaje durante 12,4 años que pasan en la escuela.

Aunque es difícil, los Gobiernos del Golfo deben actuar ya mismo para que su gasto salarial siga una trayectoria sostenible.  Para ello será necesario un plan de reforma claro que aborde los vínculos entre las reformas fiscales, de la administración pública y del mercado laboral, así como una estrategia de comunicaciones sólida con la que se pueda convencer a los ciudadanos de la necesidad de hacer reformas. Dado los impresionantes logros alcanzados por los países del Golfo en los últimos años, creemos que están preparados para enfrentar el desafío.