Los precios del mercado mundial de alimentos básicos como el trigo son ampliamente estables. ©Flore de Preneuf / Banco Mundial
En medio de las terribles noticias vinculadas con la COVID-19 llega un pronóstico positivo: los precios internacionales de los productos básicos agrícolas se hallan estables y se prevé que se mantendrán así en 2020, dado que los niveles de producción y las existencias de la mayoría de los alimentos de primera necesidad se encuentran en niveles récord o cercanos a ellos.
La publicación del Banco Mundial titulada Commodity Markets Outlook (Perspectivas de los mercados de productos básicos) contiene importantes advertencias, por ejemplo, sobre la incertidumbre acerca de la duración y la gravedad de la pandemia; la dirección de los precios de la energía y los fertilizantes; las fluctuaciones de las divisas; los cambios en las políticas comerciales y en las políticas de apoyo interno, y las posibles alteraciones de las cadenas de suministro mundiales. A nivel regional, la peor plaga de langostas en décadas azotó a 23 países de África, la Península Arábiga y Asia meridional, y devastó cultivos de los que depende el sustento de millones de personas.
Para aliviar estos riesgos es preciso actuar en forma concertada. En las últimas semanas los precios del arroz presentaron una tendencia al alza debido a la sequía imperante antes de la COVID-19 y a las medidas de restricción del comercio, pero descendieron hace unos días gracias a los esfuerzos de países como Viet Nam —tercer exportador mundial de arroz— que levantaron las prohibiciones temporales de exportación.
Esta medida es importante no solo porque un gran porcentaje del arroz que se consume en África es importado, sino también porque la experiencia muestra que las restricciones a la exportación pueden provocar un rápido aumento de los precios mundiales de los alimentos que afecta en mayor medida a los países pobres. Es lo que ocurrió durante la crisis del precio de los alimentos de 2007 y 2008, cuando un tercio de los países del mundo impuso restricciones al comercio y el número de pobres se incrementó en 150 millones.
Puesto que es crucial mantenerse alerta, el Banco Mundial se sumó a los ministros de agricultura del Grupo de los 20 (G-20) y exhortó a las autoridades a no imponer restricciones a la exportación. El mensaje ha tenido repercusión, y los países del G-20, América Latina y el Caribe, la Unión Africana y la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental manifestaron sus intenciones positivas.
"Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, incluso antes de la crisis actual había 820 millones de personas desnutridas, 135 millones de las cuales padecían inseguridad alimentaria aguda".
Resulta indignante que el hambre persista desde hace años. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, incluso antes de la crisis actual había 820 millones de personas desnutridas, 135 millones de las cuales padecían inseguridad alimentaria aguda. Se informa de que, con la disminución de los ingresos, ya hay quienes deben prescindir de algunas comidas. Esta ola de malnutrición tendrá efectos duraderos en el capital humano, especialmente para los niños.
Han surgido numerosos obstáculos que limitan la producción, el transporte y el consumo de alimentos. Las plagas, como la de langostas; los brotes de enfermedades, como la peste porcina africana, y las sequías complican el problema de la COVID-19, lo que llevó al Programa Mundial de Alimentos a predecir que, para fin de año, la inseguridad alimentaria aguda será dos veces peor que ahora. Para comprender la magnitud del problema, debemos examinar la cadena de suministro de alimentos y evaluar las limitaciones existentes a nivel nacional y local.
Los agricultores deben estar en condiciones de plantar y cosechar. Necesitan acceso a insumos tales como fertilizantes y semillas, y financiamiento para adquirirlos. También requerirán mano de obra. Las medidas adoptadas para detener la propagación del coronavirus impiden la circulación de los migrantes que realizan labores agrícolas en muchos países. En los próximos meses será crucial permitir el desplazamiento de trabajadores, poner en vigor nuevos protocolos de seguridad y proporcionar a los trabajadores una protección adecuada. Estas medidas son importantes en los países en desarrollo, donde la producción agrícola requiere un uso más intensivo de mano de obra, y donde la morbilidad y las restricciones a la circulación pueden tener repercusiones más serias.
Los productos deben llegar a los mercados. Los alimentos, así como los insumos y los servicios relacionados con ellos, deben definirse como bienes esenciales, para que se asigne prioridad al transporte y se puedan superar de este modo las restricciones del confinamiento. A los camioneros no les basta con que se los autorice a seguir trabajando. Necesitan servicios de mecánica y otros servicios conexos para continuar entregando alimentos a los mercados. Lo mismo se aplica a los insumos agrícolas. El flujo constante de semillas, fertilizantes y piezas mecánicas —en muchos casos, transfronterizo— será decisivo en los próximos 6 a 12 meses. Y debemos reconocer a la multitud de empresas, incluidas las pymes (muchas de ellas, informales), que proveen de suministros a los agricultores y llevan los alimentos de la finca a la mesa del consumidor, e idear políticas que las mantengan a flote.
"El Banco Mundial estima que el número de personas que viven en la pobreza extrema aumentará entre 40 y 60 millones en los próximos meses, según la envergadura de la crisis económica".
Es importante asegurar que las personas no solo puedan acceder a los alimentos básicos, sino que también dispongan del dinero necesario para adquirirlos. En promedio, a los alimentos se destina hasta el 60 % de los gastos de los hogares en los países de ingreso bajo y hasta el 40 % en las economías de mercado emergentes y desarrolladas. La recesión económica y la pérdida de los medios de vida deterioran rápidamente la seguridad alimentaria de millones de personas, en particular si el precio de los alimentos se incrementa. El Banco Mundial estima que el número de personas que viven en la pobreza extrema aumentará entre 40 y 60 millones en los próximos meses, según la envergadura de la crisis económica.
Por lo expuesto, se necesitarán redes de protección social para los más pobres y vulnerables, como parte de la etapa en curso y la etapa siguiente de la asistencia de emergencia por la COVID-19. Muchos países están usando esas redes para responder. Sin embargo, es preciso hacer mucho más para compensar las pérdidas de ingresos, apoyar a las empresas y promover la resiliencia económica. En los países más pobres, las redes de protección y los programas de inclusión social siguen teniendo presupuestos, cobertura, niveles de beneficios y flexibilidad limitados, y tendrían que ampliarse considerablemente para afrontar una crisis de esta magnitud.
Habida cuenta de la urgencia de este desafío, de los limitados recursos de los países y del hecho de que un gran porcentaje de la fuerza de trabajo y el sector informal está conformado por productores agrícolas y de alimentos, así como por consumidores netos (en algunos de los países más pobres, hasta el 80 %), es lógico priorizar los sectores de la agricultura y la alimentación al formular los programas de asistencia. Ello implicará poner dinero en el bolsillo de las personas para que no pasen hambre y mantener la circulación de alimentos.
Artículo publicado originalmente en Thomson Reuters Foundation (i).
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