Crear sociedades más resilientes y pacíficas

La pandemia de COVID-19 ha expuesto algunos de los mayores problemas en las sociedades de todo el mundo. Si bien muchos Gobiernos enfrentan todavía el aumento de los contagiados, la violencia agrava la crisis en algunos de los entornos más frágiles del mundo (i). Los grupos Boko Haram y Al Qaeda han aprovechado la pandemia para llevar a cabo ataques violentos en la cuenca del lago Chad, Mozambique y otros lugares (i). Además, los efectos diferenciados en función del género de la pandemia en las mujeres (i) son un motivo de preocupación cada vez mayor. Estudios muestran que el confinamiento ha provocado un marcado aumento de los casos de violencia doméstica (i) a nivel mundial.

Aparte de estas tendencias preocupantes, la COVID-19 ejerce nuevas presiones sobre las economías nacionales y locales en que se observan servicios públicos deficientes y una escasa capacidad para responder a la pandemia. Existe un gran riesgo de que esto pueda aumentar los impactos, generando mayor malestar social, violencia e inestabilidad. En países afectados por situaciones de fragilidad, conflicto y violencia (FCV), estas tendencias se agravan, conllevando una carga adicional para las sociedades. Dado que las personas son, en última instancia, las principales víctimas de los conflictos, es esencial encontrar soluciones socialmente sostenibles que aborden los obstáculos de larga duración para el desarrollo , como la exclusión, la falta de representación y la desigualdad.

Existen tres razones que lo explican.

Primero, la resiliencia social genera oportunidades de prosperar para las personas que viven en sociedades frágiles al construir hogares y comunidades fuertes que pueden soportar las divisiones causadas por el conflicto y la violencia. Por ello es crítico aumentar la cohesión social y apoyar una recuperación sostenible de la COVID-19 con inversiones en las comunidades, que pueden responder con mayor eficacia en la primera línea de defensa frente a las crisis. A través de enfoques impulsados por la comunidad, hemos aumentado rápidamente la capacidad para operar en entornos remotos o afectados por conflictos. En Afganistán, el Proyecto de la Carta de los Ciudadanos (i) movilizó a las comunidades para llevar a cabo campañas de concienciación pública sobre la COVID-19. Los líderes de las aldeas intercambian información que puede salvar vidas durante pequeñas reuniones, en las que los asistentes observan un estricto distanciamiento social y otras medidas de prevención. En el marco de la COVID-19, el Gobierno está ampliando el programa junto con el Proyecto de Esfuerzos de Socorro para las Comunidades y los Hogares Afganos (REACH, por sus siglas en inglés) (i) para llegar al 90 % del país, es decir 34 millones de personas.

Segundo, es fundamental la inclusión de todas las personas en la prestación de servicios, independientemente de sus ingresos, geografía, género, etnia, discapacidad, religión u orientación sexual. La falta de acceso a salud, educación, empleo, salarios justos o mercados financieros por parte de la población genera un costo enorme para todos y para la economía. El costo que representa la brecha de género en los salarios, por ejemplo, se estima en más de un año del PIB combinado mundial (i). Por eso, en el Cuerno de África, apoyamos un programa de desarrollo impulsado por la comunidad (i) que ha beneficiado a más de 218 000 personas en Etiopía, y la mitad son mujeres. Unos 12 100 niños pueden ir ahora a las escuelas primarias; casi 20 200 habitantes pueden recibir atención en centros de salud, y 76 000 personas tienen mayor acceso a agua potable. Este enfoque de una prestación de servicios inclusiva también se aplica en nuestros proyectos que abordan la violencia de género, en particular en la República Democrática del Congo (i), donde trabajamos para prevenir los conflictos violentos y la violencia interpersonal.

Por último, el empoderamiento amplía las oportunidades a todas las personas para que forjen su propio futuro y tengan una participación importante en las sociedades, algo esencial para tener un Gobierno transparente y que responda a las necesidades de la población y para sentar los pilares del crecimiento inclusivo. Con el fin de apoyar el empoderamiento social es necesario reforzar la recta final de los programas de descentralización dirigidos a las comunidades y fomentar la rendición de cuentas impulsada por los ciudadanos desde la base. La responsabilidad social desempeña un papel fundamental en ese sentido. Por ejemplo, en Mozambique, un nuevo programa de seguimiento participativo invita a los ciudadanos a informar los problemas que se producen en los servicios de gestión de residuos a través de una plataforma digital, transmitiéndolos mediante un mapa de código abierto para que el municipio contrate a microempresas que se encarguen de recolectar los desechos.

Para brindar apoyo a sociedades más resilientes, empoderadas e inclusivas, y proteger a los más vulnerables, es necesario que actores del campo del desarrollo como el Banco Mundial fomenten asociaciones con organismos que trabajan en asuntos humanitarios, paz y seguridad, y otros. Tales alianzas son un elemento clave de la primera Estrategia del Grupo Banco Mundial sobre Fragilidad, Conflicto y Violencia (FCV), publicada recientemente, en que se define nuestro enfoque de desarrollo a largo plazo para situaciones frágiles, reconociendo que, para 2030, hasta dos tercios de las personas extremadamente pobres del mundo podrían vivir en dichos entornos.

Nuestro enfoque institucional se concentra en la prevención de los conflictos para abordar sus causas básicas —como la exclusión social y económica— antes de que se conviertan en crisis declaradas. Es prioritario garantizar el acceso a los servicios básicos y preservar la resiliencia institucional cuando se atraviesa por situaciones de conflictos activos, al igual que mitigar el impacto de la fragilidad, el conflicto y la violencia en los más vulnerables, incluidas las poblaciones desplazadas por la fuerza a través de las fronteras debido a las crisis. La estrategia se respalda con un financiamiento estimado de USD 25 000 millones durante los próximos tres años provenientes de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), el fondo del Banco Mundial para los países de ingreso bajo. Esto refleja un nuevo compromiso de apoyar y crear sociedades más resilientes e inclusivas a medida que estas se recuperan de la pandemia.