Para los más pobres del mundo, la pandemia de COVID-19 ha provocado una catástrofe social y económica. Según estimaciones del Banco Mundial, es probable que hasta 115 millones de personas cayeron en la pobreza extrema en 2020. La mayoría vive en países de ingreso bajo y mediano, especialmente en entornos frágiles y afectados por conflictos. Y los avances en materia de vacunas se ven atenuados por la incertidumbre sobre cuándo estas llegarán a las poblaciones vulnerables de todo el mundo, incluidos los refugiados y los desplazados internos, que se han visto desarraigados debido a los conflictos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advierte que el número de personas en esas situaciones supera ahora los 80 millones, lo que equivale a la población de Alemania. Por ejemplo, en Jordania, Líbano e Iraq, la COVID-19 ha empujado a la pobreza a 1 millón de refugiados sirios y a 180 000 desplazados internos, junto con más de 4 millones de personas en las comunidades de acogida.
Hoy, el 85 % de los refugiados del mundo son recibidos por países de ingreso bajo y mediano. La actual contracción de la economía está agravando las crisis de los conflictos, la violencia y la inseguridad alimentaria que ya estaban empujando a las comunidades al borde del abismo. Los sistemas de infraestructura, salud, educación y protección social de estos países no están preparados para hacer frente a un impacto de esta escala. A falta de un aumento urgente de la ayuda humanitaria y de desarrollo, los países corren el riesgo de una desestabilización grave y a largo plazo.
La desesperación entre los refugiados es muy grande. El personal del ACNUR informa de más casos de autolesiones, incluidos suicidios, en países tan diferentes como Uganda y Líbano, lo que refleja una angustia aguda. Sin embargo, muchos refugiados pueden y están dispuestos a retribuir a las comunidades de acogida si tienen la oportunidad. En Jordania, Francia y Perú, por ejemplo, los refugiados con experiencia en salud pública o medicina se han unido al personal de primera línea en la respuesta a la pandemia.
Incluso en febrero pasado, antes de la pandemia, estimaciones del Banco Mundial indicaban que, en 10 años, hasta dos tercios de las personas que vivían en la pobreza extrema se encontrarían en países afectados por la fragilidad y los conflictos, donde los avances en materia de pobreza se estaban revirtiendo. En medio de conflictos prolongados, cuatro de cada cinco refugiados viven ahora en los países de acogida durante cinco años o más.
Desde el inicio de la pandemia, el ACNUR y el Banco Mundial han ampliado los servicios de salud, suministro de agua, saneamiento e higiene para proteger a las personas que se ven obligadas a huir. Hemos trabajado con los Gobiernos de los países anfitriones para asegurar que los desplazados se incluyan en la respuesta a la pandemia y en los esfuerzos de recuperación económica.
Pero la crisis económica significa que la labor debe intensificarse aún más: las personas obligadas a huir necesitan ayuda a largo plazo más que nunca. En 2019, más de la mitad de los 7 millones de refugiados en edad escolar que había en el mundo no asistieron a la escuela. En este momento, dado los cierres provocados por la COVID-19, la grave pérdida de aprendizaje pone en riesgo a una generación de refugiados que tienen escasas perspectivas de empleo y poca esperanza.
"Desde el inicio de la pandemia, el ACNUR y el Banco Mundial han ampliado los servicios de salud, suministro de agua, saneamiento e higiene para proteger a las personas que se ven obligadas a huir".
Las poblaciones de refugiados que tenían el mejor acceso a los mercados de trabajo vivían habitualmente en las ciudades. Sin embargo, el coronavirus y la recesión han afectado mucho a las zonas urbanas, tornándolas vulnerables a la pérdida de ingresos, un problema que afecta especialmente a los trabajadores autónomos y los trabajadores informales. Las tensiones sociales y económicas podrían desembocar en violencia, desencadenando nuevas oleadas de desplazamientos.
Los países de acogida pueden beneficiarse al incluir a los refugiados y a las personas desplazadas internamente en los esfuerzos de recuperación y asegurar su acceso a la salud pública, la educación y los mercados de trabajo. Muchos están haciendo esfuerzos encomiables. Jordania, por ejemplo, está incluyendo a los refugiados sirios en su campaña nacional de vacunación y el Líbano se ha comprometido a hacer lo mismo. Los refugiados no tienen acceso a redes de seguridad social, y suelen faltar datos sobre su situación socioeconómica. Incluirlos —en las estadísticas nacionales, la respuesta de emergencia y la recuperación a largo plazo— los hace visibles, ayudándonos a entender la magnitud del desafío y cómo podemos ayudar.
"Los países de acogida pueden beneficiarse al incluir a los refugiados y a las personas desplazadas internamente en los esfuerzos de recuperación y asegurar su acceso a la salud pública, la educación y los mercados de trabajo".
Invertir en los refugiados no puede ser responsabilidad exclusiva de los países de acogida. En diciembre de 2018, la comunidad internacional se unió en el Pacto Mundial sobre los Refugiados, mediante el cual los donantes y las instituciones multilaterales se comprometieron a asumir esta responsabilidad compartida como un bien público mundial. Debemos estar a la altura de ese compromiso con los refugiados y las comunidades de acogida en espíritu y en acciones.
Este artículo fue publicado originalmente en el sitio web de Thomson Reuters Foundation. (i)
Únase a la conversación