Encaminar la gestión de las finanzas públicas hacia el siglo XXI

Durante los últimos 20 años, la comunidad internacional de desarrollo ha invertido en la reforma de los sistemas de gestión de las finanzas públicas (GFP) para garantizar una prestación de servicios eficiente y una buena gobernanza. Esto es ahora más importante que nunca, ya que los países luchan contra las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la crisis provocada por la COVID-19. Hemos visto de primera mano cómo los países con sistemas de GFP más sólidos y modernos pudieron responder con facilidad cuando se desató la pandemia mientras otros tenían muchas dificultades.

El Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas (PEFA) (i), que provee un marco de referencia para la evaluación y la presentación de informes sobre las fortalezas y debilidades de la gestión de las finanzas públicas, ha publicado por primera vez un amplio informe de alcance mundial basado en dos décadas de más de 675 evaluaciones nacionales y subnacionales realizadas en 154 países.

En el Informe Mundial sobre la Gestión de las Finanzas Públicas (i), que se dio a conocer esta semana, se utiliza la extensa base de datos de PEFA para proporcionar una visión global y completa de las tendencias y el desempeño de la GFP, en siete esferas clave del ciclo presupuestario. También se presentan ideas sobre cómo los análisis de datos y resultados podrían influir en futuras investigaciones acerca de la GFP. El informe interactivo contiene visualizaciones de datos acompañadas de análisis breves entre regiones, niveles de ingreso de países y períodos de tiempo. Además, incluye estudios de casos de países para obtener más información sobre las instituciones y los procesos relacionados con la GFP y para comparar el desempeño entre países y regiones.

A continuación se exponen algunas de las principales conclusiones del informe:

• Los países son mejores en la preparación de los presupuestos que en la implementación de estos. 

• Las auditorías internas y externas, la gestión de los riesgos fiscales y la supervisión por parte de las entidades fiscalizadoras superiores y del Poder Legislativo son las áreas más débiles de la GFP.

• El proceso de preparación del presupuesto, la previsibilidad de la asignación de recursos durante el año, los controles internos de los gastos no salariales y la gestión de la deuda son los aspectos más sólidos de la GFP.

• Las consideraciones de género en el diseño, la aplicación y la evaluación de las políticas presupuestarias aún no se han incorporado en la mayoría de los países. No obstante, algunos países han logrado avances importantes  en este ámbito y otros están en proceso de hacerlo. Por ejemplo, Indonesia está utilizando los resultados de una reciente evaluación PEFA sobre la gestión de las finanzas públicas con perspectiva de género para fortalecer sus sistemas.

El informe también se basa en estudios de casos de Argentina, Etiopía, Ucrania y la Ribera Occidental y Gaza para destacar el desempeño específico de los países. Este análisis revela, por ejemplo, que el sistema de GFP de Argentina está razonablemente alineado con las normas y las buenas prácticas internacionales. En particular, está avanzado en materia de "transparencia de las finanzas públicas" y tiene un desempeño sólido en el área de "estrategia fiscal y presupuestación basadas en políticas". También, Ucrania ha mejorado recientemente en muchos aspectos de la GFP, como previsiones más precisas sobre la disponibilidad de efectivo, lo que ha permitido que las asignaciones presupuestarias coincidan con el efectivo disponible, así como la introducción de un Portal de Presupuestos Abiertos que ha fortalecido el acceso del público a la información fiscal. Por último, la Ribera Occidental y Gaza elaboraron indicadores de desempeño disponibles públicamente para muchos servicios con el fin de mejorar la transparencia fiscal, mientras que el Gobierno federal etíope utiliza un marco macrofiscal estricto para marcar la pauta de la gestión del gasto y garantizar la credibilidad del presupuesto.

En este contexto, el informe revela varios desafíos y oportunidades importantes para fortalecer la GFP en un mundo afectado por la COVID-19. Por un lado, la conclusión del informe sobre la ejecución del presupuesto implica que muchos Gobiernos pueden tener dificultades para gastar eficazmente miles de millones de dólares que se programan para responder a la actual pandemia de COVID-19.

La mayoría de los países tienen margen para mejorar la ejecución presupuestaria centrándose en las buenas prácticas de GFP, que se pueden establecer en el país, con el apoyo de la voluntad política de las autoridades.  También se puede mejorar la eficacia de las auditorías y la fiscalización por parte del Poder Legislativo. Independientemente de las circunstancias inevitables para diluir o sortear los procedimientos estándar de control para agilizar el gasto de emergencia, las autoridades de los países deben garantizar que se mantenga un registro de auditoría y de los motivos de incumplimiento de los procedimientos estándar registrados.

Todos los procedimientos de GFP de emergencia deben tener cláusulas de caducidad para volver a los controles normales, a medida que los países superan la pandemia. Sin una GFP sólida, que incluya mecanismos de rendición de cuentas de los Gobiernos, la mayor urgencia por gastar puede llevar a un mayor riesgo de corrupción. De ahora en adelante, los Gobiernos y los asociados en la tarea del desarrollo quizás deben prestar atención, de manera urgente, al fortalecimiento de los procesos de supervisión presupuestaria para garantizar un desembolso de fondos oportuno y transparente y un gasto eficiente.

En el informe se reconoce que el desempeño de la GFP puede tener efectos generalizados sobre el alcance, la calidad y la eficacia de los servicios públicos esenciales, como por ejemplo la manera y el momento de financiar los hospitales y la distribución de vacunas.

De cara al futuro, los datos únicos de PEFA sobre la gestión de las finanzas públicas son un recurso valioso para diversas partes interesadas, incluidos los profesionales del área, los encargados de formular las políticas y los investigadores. Los datos se pueden aprovechar para mejorar las políticas y pueden contribuir a aumentar la tan necesaria confianza en los Gobiernos durante y después de la crisis provocada por la COVID-19.