En 2016, el descubrimiento de dos grandes préstamos no declarados anteriormente provocó una crisis económica en Mozambique. Los donantes suspendieron el apoyo al país y el Gobierno se vio obligado a realizar fuertes reducciones en el gasto público.
Recientemente, cuando Chad y Zambia pidieron reestructurar su deuda bajo el Marco Común para los Tratamientos de la Deuda impulsado por el Grupo de los Veinte (G-20), se encontraron con un obstáculo. Sus respectivas oficinas encargadas de la deuda carecían de una contabilidad completa y actualizada de lo que se adeudaba exactamente y a quién. La falta de información retrasó las negociaciones sobre la reestructuración. Los asesores financieros de los países tardaron más de seis meses en reunir la información necesaria.
Estos acontecimientos exponen los peligros para los acreedores y los prestatarios de las deudas no declaradas, y han dado lugar a llamados urgentes en favor de una mayor transparencia de la deuda. Sin embargo, esas advertencias han sido hasta ahora desatendidas. La deuda pública de las economías de ingreso bajo sigue siendo difícil de determinar , ya sea porque los datos se informan de manera incompleta en las estadísticas oficiales o se ocultan a través de cláusulas de confidencialidad.
Tres hechos en particular deberían hacer que todos nos sentemos y prestemos atención. En primer lugar, el 40 % de los países de ingreso bajo no han publicado datos de su deuda soberana durante más de dos años , y muchos de los que sí han publicado datos tienden a limitar la información a la deuda del Gobierno central y a instrumentos de deuda tradicionales, como préstamos y valores. En segundo lugar, hoy existen enormes discrepancias en las estimaciones de deuda disponibles públicamente en las economías de ingreso bajo: la diferencia entre lo que informan las autoridades nacionales en sus sitios web y lo que informan los bancos multilaterales de desarrollo puede llegar al 30 % del PIB en algunos casos. En tercer lugar, en la actualidad 15 países de ingreso bajo tienen deuda respaldada por recursos naturales, pero ninguno proporciona detalles sobre los acuerdos de garantía.
La incertidumbre en esa escala no debería ser aceptable en el entorno actual. Más de la mitad de todos los países de ingreso bajo ya se encontraban en situación de endeudamiento o con alto riesgo de estarlo. La deuda de las economías de ingreso bajo y mediano ha subido a niveles sin precedentes en los tiempos modernos. Se precisarán inversiones significativas para mantener el crecimiento económico tras la pandemia de COVID-19.
Los datos son claros: una mayor transparencia de la deuda permite a los Gobiernos tomar decisiones informadas acerca de los préstamos futuros y reduce su costo en el largo plazo. Los registros precisos y completos de la deuda también benefician a los acreedores: les permiten evaluar plenamente si la deuda de un país es sostenible, les ayudan a determinar los precios de los instrumentos de deuda de manera más precisa y facilitan una reestructuración de la deuda más rápida y eficiente. La transparencia de la deuda también facilita que los ciudadanos puedan exigir que los Gobiernos rindan cuentas de la deuda que contraen.
Sin embargo, la transparencia de la deuda no se limita a los datos. También implica transparencia en las operaciones de endeudamiento: los datos pueden existir, pero pueden reflejar prácticas en materia de endeudamiento opacas, ilegítimas o excesivamente costosas. En nuevas investigaciones del Banco Mundial se identifican tres esferas de interés principales:
- Deuda interna. Por lo general, los atrasos fiscales no se declaran porque en los países desarrollados de ingreso bajo no se aplica una contabilidad basada en valores devengados. Además, solamente el 41 % de estos países utiliza las subastas de mercado como principal canal para emitir deuda interna, y los que utilizan esas subastas solo divulgan información irregular a los inversores.
- Préstamos respaldados por recursos, en los que se utilizan futuros flujos de ingresos como garantía. La mayoría de estos préstamos no se incluyen en las estadísticas porque no son reconocidos por el país deudor o se contratan fuera del presupuesto. Además, a menudo conllevan tasas de interés más altas que las fuentes de financiamiento comparables y no garantizadas.
- Deuda externa no negociable. La información sobre la negociación y reestructuración de los préstamos comerciales es limitada. Algunos instrumentos del banco central también pueden generar "sorpresas en materia de deuda" o diluir los derechos de los acreedores, como en el caso de los depósitos en divisas no declarados o acuerdos de recompra sobregarantizados con títulos propios.
Las economías en desarrollo tienen mucho que ganar si mejoran la transparencia de la deuda. Ellos deben:
- Realizar las inversiones necesarias en capacidad y sistemas para producir datos precisos sobre la deuda. Los países deben abordar las restricciones operacionales que limitan la publicación periódica de informes completos de la deuda. Una publicación anual sobre la deuda debería incluir estadísticas básicas de la deuda pública y con garantía pública a nivel del Gobierno general, incluida información sobre los instrumentos de deuda individuales contratados. La publicación tendría que proporcionar una definición de la deuda pública de acuerdo con las normas internacionales.
- Hacer que el marco jurídico propicie la transparencia. El marco jurídico de gestión de la deuda pública debería establecer disposiciones de autorización de la deuda claras y exigir la divulgación de información sobre la deuda pública, regulando el contenido y la frecuencia. También debería proporcionar una lista de instrumentos de deuda autorizados, transacciones o fuentes de financiamiento; y exigir auditorías periódicas de la deuda pendiente.
- Adoptar mecanismos de emisión basados en el mercado para la deuda interna. Con el fin de promover reformas en esta área, el Banco Mundial ha puesto en marcha recientemente una herramienta para hacer un seguimiento de la transparencia de las emisiones de valores públicos.
- Elaborar y adoptar un estricto proceso analítico y de seguimiento para la aprobación y la ejecución de préstamos respaldados por recursos. Esto debería incluir los siguientes pasos: primero, una evaluación minuciosa de la manera en que la sostenibilidad podría verse afectada; segundo, una comprobación de que los términos y condiciones propuestos tienen en cuenta de forma justa el valor de la garantía concedida; tercero, una comprobación de que se tienen plenamente en cuenta las dimensiones jurídicas y técnicas de la estructura propuesta y, cuarto, una evaluación cuidadosa de la manera en que la concesión de garantías podría afectar a otros tipos de financiamiento, en el contexto de la estrategia de gestión de la deuda del país.
No obstante, una mayor transparencia no debe ser responsabilidad únicamente de los Gobiernos de los países prestatarios. Los acreedores también pueden promover prácticas de financiamiento transparentes proporcionando información detallada sobre su propia cartera de préstamos. Podrían limitar el uso de cláusulas de confidencialidad y abstenerse de las que requieran reserva. También deberían publicar información detallada sobre su cartera de préstamos, como se recomienda en las Directrices Operacionales del G-20 para un Financiamiento Sostenible.
Las instituciones financieras internacionales también son cruciales para obtener buenos resultados en materia de transparencia y sostenibilidad de la deuda. Creemos que hay que estandarizar y consolidar las prácticas mundiales de recopilación de datos sobre la deuda. A través de diversos instrumentos, el Banco Mundial promueve reformas al proporcionar evaluaciones periódicas de la adhesión de los países a las normas estadísticas y contables internacionales.
Después de la COVID-19, no podemos permitirnos seguir siendo complacientes con respecto a abordar los desafíos de transparencia de la deuda en los países en desarrollo. El momento de actuar es ahora.
Este artículo se publicó originalmente en Barron's. (i)
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