Es posible ofrecer educación inclusiva a todos los refugiados

A finales de 2019, había 79,5 millones de personas en situación de desplazamiento forzado, lo que representa el 1 % de la población mundial.  De ese número, alrededor de 26 millones eran refugiados, y más de la mitad de estos eran menores de 18 años. Una gran parte de estos niños ha experimentado crisis prolongadas, lo que significa que a menudo pasan un número considerable de años —a veces, la totalidad de sus años de escolarización— en situación de desplazamiento. Proporcionar una educación de calidad a los niños refugiados es de suma importancia para su autosuficiencia futura. Además, la educación puede ayudar a superar el trauma del conflicto y el desplazamiento forzado al respaldar los mecanismos de adaptación y proporcionar una sensación de estabilidad.  Da lugar a efectos indirectos positivos para la construcción de los Estados y la consolidación de la paz, y reduce los riesgos de llegar a tener una “generación perdida”.

Sin embargo, para millones de niños esta no es la realidad. Las poblaciones de refugiados se concentran en países en desarrollo, que a su vez tienen dificultades a la hora de impartir educación. Los sistemas educativos de estos países receptores no están adecuadamente equipados para mejorar los resultados de aprendizaje de sus propios niños ni para responder a la gran afluencia de niños refugiados y sus necesidades educativas específicas. A menudo hay desafíos adicionales a nivel subnacional, ya que los refugiados se suelen asentar en comunidades pobres y vulnerables, donde los servicios educativos son de calidad relativamente baja. Y es probable que la pandemia de COVID-19 agrave aún más las desigualdades de aprendizaje. Proporcionar una educación de calidad a los niños refugiados requerirá un esfuerzo concertado de la comunidad internacional, los Gobiernos de los países receptores y las comunidades de refugiados y de acogida.

Mediante el Pacto Mundial sobre los Refugiados se ha asignado importancia a una mayor responsabilidad compartida como parte de la agenda internacional de protección de esos grupos. De esta forma, se compromete a las partes interesadas a adoptar medidas específicas para alcanzar ese objetivo, incluida la medición de sus contribuciones. En respuesta, el Banco Mundial y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en consulta con los Gobiernos de los países receptores, han elaborado una metodología estandarizada y transparente para estimar el costo de la educación de todos los refugiados del mundo.

En el informe sobre el costo mundial de la educación inclusiva de los refugiados (i) se proporciona esta estimación, tomando como referencia un entorno normativo que promueva el desarrollo de sistemas educativos nacionales inclusivos. El documento está respaldado por un panel de datos (Excel, en inglés) en el que los países receptores pueden revisar la inscripción de refugiados y las proyecciones de costos anuales.

En el informe, se estima que el costo promedio de proporcionar educación a todos los estudiantes refugiados en los países de acogida de ingreso bajo, mediano bajo y mediano alto es de USD 4800 millones anuales.  En un análisis de sensibilidad, que flexibiliza las suposiciones del modelo, se sugiere que la estimación oscila entre USD 4400 millones y USD 5100 millones. Otros USD 443 millones corresponden al costo anual previsto de la educación de los niños refugiados palestinos en virtud del mandato del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA, por sus siglas en inglés). Si bien estas cifras parecen elevadas, en más de la mitad de los países estudiados, las estimaciones de costos de educación de los refugiados representan menos del 1 % del gasto público anual en educación primaria y secundaria. Algunos países son casos atípicos (Sudán del Sur: 61 %, Líbano: 58 % y Jordania: 16 %), lo que refleja una gran afluencia de refugiados o un gasto público en educación limitado. Más allá del financiamiento, en el informe se insta a fortalecer la capacidad de los Gobiernos de los países receptores para formular e implementar planes nacionales eficientes de educación inclusiva. En estos planes se deberían tener en cuenta las necesidades especiales de los Gobiernos locales que se enfrentan a la afluencia de refugiados.

Es importante destacar que estas cifras representan una línea de base previa a la COVID-19 de los costos estimados de educar a todos los refugiados. Es probable que los valores suban a medida que continúen los impactos de la pandemia, pero aún no sabemos de cuánto será el aumento.

¿Qué hay detrás de los números? Para el informe se utiliza una metodología de cálculo de costos basada en la premisa de que la educación de los refugiados está integrada en el sistema educativo del país receptor, es decir, que se enfrenta a los mismos factores de costos y las mismas limitaciones de eficiencia y calidad. De esta manera, el costo unitario público de la educación en cada país, complementado por un multiplicador o margen adicional para las necesidades educativas específicas de los niños y jóvenes refugiados, determina el costo final. En el informe se proporcionan detalles adicionales sobre la metodología, incluidos supuestos y enfoques acordados, parámetros, omisiones y desafíos de los conjuntos de datos incompletos.

En definitiva, el informe transmite un mensaje de esperanza: si bien proporcionar educación a todos los niños refugiados representa un esfuerzo considerable, la estimación mundial sobre “lo que se necesitaría” no está fuera del alcance de las acciones colectivas  de la comunidad internacional y los Gobiernos de acogida. Este documento es un paso crucial hacia la comprensión de las necesidades de los refugiados y los países receptores, la elaboración de un marco adecuado para la respuesta y la facilitación de nuevos debates en torno a la responsabilidad compartida.