Las personas que huyen de un conflicto no quieren ayuda, quieren trabajo

El surgimiento de nuevos conflictos, junto con la prolongada duración de las crisis de desplazamiento ya existentes, implica que los desplazamientos forzados aumentarán. Cuando esto suceda, se incrementará también proporcionalmente la necesidad de las personas desplazadas por la fuerza de encontrar oportunidades de empleo. El Banco Mundial estima que, para 2030, la mayoría de las personas extremadamente pobres del mundo —entre las que se incluye una gran proporción de desplazados— vivirán en Estados frágiles y afectados por conflictos , por lo que la creación de empleo en estos entornos puede contribuir significativamente a abordar la pobreza.

Las crisis de desplazamiento pueden beneficiar a las economías receptoras

El desplazamiento a gran escala produce un efecto de expansión: hay más personas y más dinero en una misma zona geográfica, según Paolo Verme, economista principal del Banco Mundial. De acuerdo con las evidencias recogidas en un programa de investigación (i) que él dirige, entre el 70 % y el 80 % de los resultados observados en diferentes países y contextos muestran que el efecto del desplazamiento forzado en el empleo o en los salarios de las comunidades receptoras es o bien positivo o no significativo (i). En más del 50 % de los casos, los hogares de las comunidades receptoras exhiben resultados positivos en cuanto al bienestar, lo que indica que se benefician con la presencia de las personas desplazadas por la fuerza. Solo en una minoría de los casos se observaron efectos negativos en el mercado laboral.

Esto también se verifica en los países de ingreso alto y mediano. La afluencia de solicitantes de asilo en Alemania entre 2015 y 2016 no perjudicó a los trabajadores del país. De hecho, al cabo de cinco años, muchos de ellos se habían integrado con mayor rapidez que en las oleadas anteriores, y es probable que el costo financiero que supuso para el Gobierno alemán se haya recuperado antes de lo previsto a través de los impuestos.

Sin embargo, la llegada de refugiados sirios a Türkiye (i) y la ola de inmigrantes venezolanos (i) en Ecuador perjudicaron a los trabajadores jóvenes con menor nivel de educación en ambos mercados, lo que nos lleva a preguntarnos cómo garantizar que las personas desplazadas dispongan de oportunidades laborales y, al mismo tiempo, se mantengan las condiciones para los trabajadores del país receptor.

Cambiar la forma en que pensamos el trabajo

Lo primero que debemos cambiar es el modo en que describimos a las poblaciones desplazadas.  “Cuando se piensa en los ciudadanos de un país, los programas de fortalecimiento de las habilidades, como los de capacitación y educación, se consideran inversiones públicas. Cuando se piensa en las poblaciones desplazadas, se los considera un costo para el sector público. Debemos ver la educación de los desplazados como una inversión pública en capital humano”, afirmó Verme.

Es muy habitual considerar a las poblaciones desplazadas por conflictos como una carga, no un activo. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estima que el 70 % de todos los refugiados vive en países que restringen su derecho a trabajar (i). Esto ocurre en al menos 30 países, lo que impide que las personas desplazadas por conflictos o violencia obtengan su propio sustento y aporten a las comunidades que los albergan.

Otorgar acceso legal al trabajo es una de las mejores maneras de incluir a las personas desplazadas por la fuerza en la sociedad y de maximizar su contribución a las comunidades receptoras.  A la luz de las evidencias ya citadas, sería sensato desde el punto de vista económico considerar su presencia como una oportunidad y no como un costo.

Las investigaciones sobre los efectos macroeconómicos respaldan este argumento. Las estimaciones elaboradas por el Fondo Monetario Internacional (i) indican que, para 2030, los millones de venezolanos que han huido de su país desde 2015 pueden llegar a incrementar entre 2,5 y 4,5 puntos porcentuales el producto interno bruto (PIB) real de Perú, Colombia, Ecuador y Chile , en comparación con el valor de referencia sin la migración. Esto pone de relieve que las políticas dirigidas a formalizar el trabajo de los migrantes, promoviendo la búsqueda de empleo y facilitando los ajustes del mercado laboral, son clave para transformar los desplazamientos a gran escala en un éxito económico.

Asimismo, las evidencias muestran que, en el caso de los refugiados, el empleo puede afectar positivamente su bienestar psicosocial. A pesar de que en Bangladesh el empleo formal es ilegal para los refugiados y si bien las restricciones a la circulación limitan el acceso a los puestos de trabajo, en un estudio reciente (i) se analizó el valor psicosocial del trabajo para los refugiados que se encuentran en ese país y se concluyó que el 66 % de los que tenían empleo estaban dispuestos a renunciar a los pagos en efectivo para continuar trabajando temporalmente.

Para ayudar a los trabajadores, los programas del mercado laboral deben funcionar bien

Ecuador, que alberga a medio millón de refugiados y migrantes, es uno de los países que les otorga los mismos derechos que a sus ciudadanos. Y estos derechos se ejercen en los programas dirigidos por el Gobierno y vinculados con el mercado laboral.

La evaluación de programas de este tipo puede ayudar a garantizar su eficacia, es decir, a verificar que las personas desplazadas se beneficien y que las comunidades receptoras no sufran. Estas pruebas son particularmente importantes, ya que, cuando surgen efectos negativos, a menudo son las personas de los sectores de bajos ingresos los que llevan la peor parte.

Y todo indica que el marcado aumento de los desplazamientos que hemos presenciado en la última década continuará. Las investigaciones, como la de la próxima edición del Informe sobre el desarrollo mundial, que tratará sobre los migrantes y los refugiados, pueden aportar información crucial para orientar políticas y programas. La inclusión de las personas desplazadas por la fuerza en el mercado laboral es una política de gran impacto que puede tener efectos positivos durante los próximos años, y posiblemente las próximas décadas.