Nuevas iniciativas de transparencia fiscal son fundamentales para el buen gobierno

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En la última década, hemos sido testigos de  tiempos económicos turbulentos. Las crisis económicas mundiales se originaron, en parte, en normas para orientar la conducta del sector privado y fijar las políticas económicas que no pudieron resolver los desafíos y riesgos emergentes. Una de las consecuencias menos llamativa, pero igualmente importante, ha sido volver a examinar las normas fiscales que han regido las políticas y prácticas de gestión públicas.
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI), en un evento conjunto (i) con el Banco Mundial realizado el 6 de octubre de 2014, presentó la versión revisada de su Código de Transparencia Fiscal (FTC, por sus siglas en inglés) y la respectiva evaluación, (i) después de dos años de intensivos análisis y consultas. Felicito al FMI por crear un conjunto de normas que capturan la calidad de los informes y de los datos fiscales, que han sido organizados de manera de reflejar los diferentes niveles de capacidad de los países y que cubren de modo más integral los riesgos fiscales.

El nuevo FTC es parte de un movimiento más amplio en el cual  se están revisando y desarrollando las normas e instrumentos que abordan la gestión fiscal. Entre los esfuerzos clave, están:

• Una actualización del marco del Programa de gasto público y rendición de cuentas financieras (PEFA, por sus siglas en inglés) , (i) y la solicitud de comentarios acerca del borrador de la consulta.
• El apoyo de las Naciones Unidas (ONU) en 2012 a los Principios de alto nivel para la participación, la rendición de cuentas y la transparencia fiscal de la Iniciativa mundial para la transparencia fiscal (GIFT, por sus siglas en inglés). (i) 
• La publicación en junio de 2014 de los Principios de buen gobierno en materia de presupuesto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (i)

No es un accidente que estas revisiones hayan surgido en momentos en que el mundo enfrentaba la crisis mundial, en la cual la política fiscal ha sido una causa o ha tenido que reaccionar a las presiones económicas. La primera versión del Código de buenas prácticas de transparencia fiscal tuvo su origen en la crisis asiática de fines de la década de 1990, al igual que las mejores prácticas de la OCDE sobre transparencia presupuestaria.

No es sorprendente, por lo tanto, que estas actualizaciones estén poniendo un fuerte énfasis en la divulgación y la gestión de los riesgos fiscales, que desempeñaron un papel tan importante en la crisis. Las normas también avanzan hacia una visión más integral del sector público más allá del Gobierno, incluyendo a las empresas estatales y otras fuentes de riesgo fiscal extrapresupuestarias. Después del auge de los productos básicos en los últimos 10 años, también están recibiendo atención especial las nuevas normas relacionadas con las industrias extractivas. En el evento del 6 de octubre, el FMI presentó un borrador de un pilar adicional del Código de Transparencia Fiscal, relacionado específicamente con la gestión de los ingresos derivados de los recursos naturales.

Estas iniciativas se suman a una respuesta sólida a los desafíos y las nuevas cuestiones que emergen en el campo fiscal. La pregunta clave ahora es cómo usar estos mejores instrumentos y cerciorarse de que hagan una diferencia en el fortalecimiento de la gestión de las finanzas públicas (PFM, por sus siglas en inglés) en todo el mundo. Esto se relaciona con las maneras cómo un encargado de formular políticas usará estas herramientas. Sugiero tres maneras en que la comunidad internacional puede ayudar:  

1.        Reducir el costo que tiene para los Gobiernos el acceso y el uso de estos instrumentos, y aumentar su coherencia, tomando en cuenta que se originan en distintas perspectivas.
2.        Armonizar los incentivos y la motivación para el seguimiento de las evaluaciones basadas en estos instrumentos, a través de:

• Una mayor visibilidad de los resultados de las evaluaciones que afecten a las partes interesadas; esto significa pensar en los instrumentos como bienes públicos mundiales.
• Garantizar la claridad y la contribución constructiva  de la orientación que los responsables de las políticas pueden extraer de las evaluaciones. 
• Vincular las preocupaciones de los responsables de formular políticas (tales como generar un presupuesto para la reforma estructural, la eficacia del impacto del desarrollo y la participación ciudadana). 

3.        Tener capacidad de respuesta:

• Movilización de recursos. El Grupo Banco Mundial ha proporcionado considerable apoyo a la gestión de las finanzas públicas (la Asociación Internacional de Fomento, AIF, entregó US$7000 millones para proyectos de PFM entre 2004 y 2012; se financiaron 107 proyectos de asistencia técnica en 2013). La actual cartera de proyectos propuestos  asciende a US$4000 millones.·         Además de proporcionar el financiamiento, la comunidad internacional necesita entregar asistencia técnica para apoyar reformas complejas (difusión de las buenas prácticas y los conocimientos) y, al hacerlo, es importante comprender el marco institucional más amplio del presupuesto y de las instituciones fiscales, que no se puede escribir en ningún código, y reconocer las limitaciones en materia de capacidad, utilizando herramientas para medir los avances en el tiempo.  

En nuestra opinión, la verdadera agenda fiscal es la que construye el Gobierno. La importancia de la evaluación y de las normas reside en cómo estas pueden proporcionar comentarios y sugerencias al propio programa de reforma de la PFM de un país. En mi experiencia como responsable de formular políticas en  Chile, este país lo hizo de dos maneras principales, a través de una mayor difusión de  ejemplos de buenas prácticas y el apoyo para convocar a otras partes interesadas que pudieran ayudar a conseguir avances en el programa respectivo.