La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por sus siglas en inglés) calcula que solo en 2012, 22 000 elefantes fueron asesinados en África central y oriental. Camerún, la República Democrática del Congo, Gabón, Kenya, Tanzanía y Uganda son solo unos pocos de los países afectados por la caza furtiva de elefantes. El marfil obtenido de manera ilegal se utiliza para tallados ornamentales que sirven como símbolos de estatus, iconos religiosos y objetos de coleccionistas para compradores de Asia oriental, Europa y Norteamérica. Esto no es solo una cuestión de conservación. El crimen contra la vida silvestre es también un desafío del desarrollo y de la seguridad: socava la autoridad del Gobierno, fomenta la corrupción, aumenta el suministro de armas pequeñas y destruye valiosos recursos naturales. De modo que la cada vez mayor preocupación política que está recibiendo este tipo de delito —el primer ministro británico David Cameron será el anfitrión de la próxima cumbre en febrero— es una señal del compromiso de autoridades de alto nivel para abordar la crisis.
Entre otras medidas, la cumbre de Botswana acordó aumentar las penas y considerar este crimen como un “delito grave”. Esto significa que hay más herramientas para hacer responsables a los delincuentes en esta área, entre ellas la ayuda legal mutua, la confiscación y decomiso de bienes, la extradición y otras formas de cooperación judicial proporcionadas por la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. (i)
Pero estas medidas serán eficientes solo si, en primer lugar, los países tienen la capacidad de atrapar a los cazadores furtivos. Y para hacerlo, necesitan saber cuándo los elefantes han desaparecido y cuántos elefantes existen. De modo que es necesario contarlos.
Puede que pronto tengamos al menos una mejor idea de la cantidad de elefantes africanos existentes: el cofundador de Microsoft Paul Allen donó recientemente US$8 millones a Elefantes sin Fronteras (i) para hacer volar una flota de 18 avionetas a través de las sabanas de África y poder realizar el primer conteo aéreo integral de estos animales. Después de este esfuerzo, los encargados de la vida silvestre tendrán una mejor base para evaluar el impacto de la caza furtiva y podrán mejorar las respuestas y los planes de manejo. Estas iniciativas también deben ayudar a mantener el alto nivel de atención política que la caza furtiva de elefantes ha recibido en los últimos meses.
En un blog anterior, destaqué el enfoque “prevención, detección, represión del delito y recuperación del recurso” de la aplicación de la Ley General sobre Medioambiente y Recursos Naturales como una manera eficaz de combatir el crimen ambiental. En el caso de la caza furtiva de elefantes, “contar los elefantes” corresponde a la fase de la “detección”.
Pero revelar la magnitud completa del delito ambiental —y, en el caso de la crisis de la caza furtiva, contar los elefantes— es más fácil decirlo que hacerlo. A diferencia de los crímenes en contra de las empresas, los hogares e incluso la mayoría de los organismos gubernamentales, los delitos contra el medioambiente —ya sea la tala o la pesca ilegal o la caza furtiva— a menudo pasan inadvertidos y no se informan. Esto significa que raramente se toman medidas contra ellos.
¿Por qué es esto?
En primer lugar, los crímenes ambientales no tienen víctimas en el sentido humano tradicional, lo que significa que normalmente nadie comunica cuando ocurren. En segundo lugar, los guardabosques que están en condiciones de informar delitos contra el medioambiente a menudo observan directamente —y notifican— solo una pequeña fracción de ellos. Además, con frecuencia los ciudadanos no informan las ofensas por varias razones: quizás no comprendan plenamente el daño o perjuicio que se ha causado; tengan temor de ser acosados por las autoridades, o sientan que cualquier compensación potencial -si corresponde-, es tan insignificante, que no vale la pena.
Existen otros factores.
Los guardabosques, las industrias pesqueras y los administradores forestales —si, para comenzar, existen— pocas veces tienen buena información sobre los recursos que administran. Esto significa que no siempre están en condiciones de saber, o incluso de sospechar, si algo se perdió a causa de actividades delictuales. Este es definitivamente el caso de los elefantes. A pesar de ser el animal terrestre más grande, contar elefantes ha probado hasta ahora ser bastante difícil, sobre todo debido a limitaciones financieras. Los cálculos (i) de la población total de elefantes africanos van desde 470 000 a 685 000, mientras algunos (i) sugieren un número mucho menor, y muchos datos están desafortunadamente desactualizados.
Las consideraciones de riesgo moral también pueden impedir que incluso el más diligente administrador de recursos denuncie delitos ambientales. Los guardabosques no se ven bien cuando se produce caza furtiva en sus recintos, y no hay ningún incentivo para que la reconozcan ante ellos mismos, mucho menos ante sus superiores o el público. Esto también se aplica a niveles administrativos más altos. Es muy raro que se aliente y recompense la entrega de información sobre actividades criminales. No es poco común que guardabosques, altos funcionarios y otras autoridades sean cómplices de delitos ambientales debido a actos de corrupción o negligencia.
De modo que hay una enorme brecha de conocimiento cuando se trata de comprender la magnitud de un delito ambiental. Para abordar esto, las autoridades deben poner un premio a los esfuerzos de la detección de las actividades delictuales, que es la razón por la cual hacemos hincapié en la detección como elemento especial de una campaña eficaz para reducir los crímenes contra el medioambiente.
Este artículo incorpora ideas formuladas por William B. Magrath, economista principal en materia de Recursos Naturales de la región de Asia meridional del Banco Mundial, cuyas contribuciones agradezco sinceramente.
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