Una oportunidad oculta de USD 1 billón: Detener el despilfarro en la contratación pública

La recesión económica mundial limita la capacidad de los Gobiernos para "reconstruir mejor" frente a los desafíos extraordinarios de la COVID-19 y el cambio climático. La disminución del crecimiento está reduciendo el espacio fiscal de las naciones a medida que intentan reactivar sus economías y, al mismo tiempo, tienen que hacer frente a niveles de deuda sin precedentes, reducciones en la recaudación impositiva y una mayor desigualdad de ingresos.

Sin embargo, una fuente de fondos sin explotar está oculta a simple vista. En la actualidad, los Gobiernos gastan unos USD 13 billones anuales en contratos públicos de bienes, servicios y obras públicas . Hasta una cuarta parte de esa suma se desperdicia en prácticas de adquisiciones ineficientes o sin visión de futuro. Detener el despilfarro podría liberar al menos USD 1 billón al año para encaminar a las economías hacia un desarrollo verde, resiliente e inclusivo. 

Lamentablemente, ese potencial se ha desaprovechado durante demasiado tiempo. A pesar de su importante papel en la actividad económica mundial, la contratación pública es una disciplina profesional poco desarrollada. Existe poca comprensión mundial acerca de lo que constituyen las prácticas óptimas, y las decisiones en materia de adquisiciones rara vez se toman sobre la base de pruebas sólidas de lo que funciona y de lo que no funciona. La contratación pública suelen ser un ejercicio de verificación, diseñado para garantizar el cumplimiento de los procedimientos en lugar de beneficios económicos amplios. Mientras tanto, la influencia política y las conexiones siguen impulsando demasiadas decisiones sobre quién obtiene los contratos.

Sin embargo, la COVID-19 ha sido un llamado de atención para los Gobiernos. La pandemia ha fomentado la creciente demanda pública de más y mejores servicios, lo que ha presionado a los Gobiernos a hacer más con menos  [recursos] y de manera más rápida. Ha puesto de relieve la urgente necesidad de que los Gobiernos garanticen que las decisiones de compras públicas aporten "valor social", yendo más allá del ahorro fiscal para incluir objetivos normativos más amplios, como la sostenibilidad ambiental, el apoyo a las pequeñas empresas y la protección de los grupos vulnerables de la sociedad.

Todo eso se puede hacer. Las adquisiciones gubernamentales deben ser algo más que un proceso de transacciones que ayuda a aumentar la eficiencia del gasto y a liberar espacio fiscal. Deben ser una herramienta estratégica para el cambio socioeconómico que utilice las decisiones de contratación pública y la tecnología de manera más estratégica, yendo más allá de las consideraciones de eficiencia económica y la contabilidad para respaldar objetivos de política más generales, como la gestión ambiental, el desarrollo económico resiliente e inclusivo, y la protección social.

"Detener el despilfarro podría liberar al menos USD 1 billón al año para encaminar a las economías hacia un desarrollo verde, resiliente e inclusivo." 

En un nuevo informe del Banco Mundial (titulado An International Stocktaking of Developments in Public Procurement- Synthesis Report) se plantea un camino a seguir. En el documento se muestra cómo la actual variedad de prácticas de adquisiciones con pocas normas comunes podría ser reemplazada por un sistema mundial eficiente que pueda atender mejor las necesidades públicas. Pero será necesaria una amplia coalición internacional —en la que participen tanto Gobiernos como empresas privadas— para aprovechar todo el potencial de la contratación pública y poner la economía mundial en una senda más sostenible.

Precisamente con ese fin, el Banco Mundial propone la creación de la Alianza Mundial para las Adquisiciones Públicas (GPP, por sus siglas en inglés). El objetivo general de la GPP será establecer una red mundial para promover el uso estratégico de la contratación pública como una herramienta fundamental de desarrollo y planificación económica. La GPP recopilará las mejores prácticas de todo el mundo para fortalecer el intercambio de conocimientos y la colaboración. También establecerá principios o puntos de referencia reconocidos a nivel mundial.

Los Gobiernos tienen muchas maneras de buscar el valor social en las adquisiciones públicas, como por ejemplo el uso de contratos para promover la innovación o fortalecer industrias o sectores clave de la economía nacional. Las políticas que permiten prosperar a las microempresas y las pymes también pueden impulsar la competitividad a largo plazo de un país.

Los contratos también pueden ser un medio para que los Gobiernos promuevan políticas ambientales. La contratación "verde" se centra en bienes, servicios y obras responsables y sostenibles. También se asocia con métodos de trabajo que minimizan el daño o la degradación ambiental y crean resiliencia para hacer frente a los impactos del cambio climático. Además, las políticas de adquisiciones deben comenzar a prestar atención a la planificación y gestión de los contratos, en lugar de limitarse a la convocatoria de un concurso o la selección de un ganador.

Asimismo, la COVID-19 ha demostrado cómo las nuevas tecnologías abren vías importantes para aumentar la seguridad, el acceso a la información y la participación ciudadana. Al hacer que los procesos de adquisiciones se realicen en línea, se ha eliminado la necesidad de interacción física y pronto la presentación de documentos impresos a los concursos será una rareza del pasado. A medida que los Gobiernos aumenten el uso de los sistemas electrónicos de contratación pública (e-GP), surgirán más oportunidades para el intercambio de información, la evaluación de las opciones de adquisiciones y la gestión de los costos. Esto permitirá a los Gobiernos responder con mayor rapidez a las crisis.

LA GPP es una propuesta oportuna. Puede ayudar a garantizar que las políticas nacionales de adquisiciones se basen en pruebas y sean resistentes a la influencia política y los privilegios. Puede generar innovación en áreas cruciales promoviendo una colaboración más estrecha entre los Gobiernos y las empresas privadas. Puede ayudar a aumentar la confianza pública al incrementar el empoderamiento y la participación de los ciudadanos.

Después de la pandemia de COVID-19, los Gobiernos estarán sometidos a una presión justificada para asegurarse de que cada dólar del gasto público se utilice de la manera más eficiente posible. Los ciudadanos tienen derecho a exigir que su dinero se gaste con prudencia. La contratación pública más inteligente es fundamental para una recuperación verde, resiliente e inclusiva tras la crisis provocada por la pandemia : los Gobiernos, las empresas privadas y las instituciones de desarrollo deben hacer todo lo posible para aprovechar la oportunidad de USD 1 billón que representa el sector de las adquisiciones públicas.