Vivimos en un mundo afectado por crisis, y perturbaciones cada vez más frecuentes, interconectadas y devastadoras causadas por el cambio climático y los desastres naturales, las crisis económicas, las emergencias sanitarias, los conflictos y el desplazamiento forzado.
Los principales afectados por estas conmociones son las poblaciones más pobres, y por eso nuestro objetivo de poner fin a la pobreza extrema se torna mucho más difícil. En 2022, 258 millones de personas (PDF, en inglés) en 58 países sufría inseguridad alimentaria aguda, y casi el 30 % de la población mundial se enfrentaba a inseguridad alimentaria de moderada a grave. Dado que la vulnerabilidad a las crisis se ha convertido en un desafío estructural en muchas partes del mundo, los países deben establecer sistemas sostenibles que puedan ayudar a los Gobiernos a anticipar, mitigar y responder mejor a las crisis y, al mismo tiempo, a abordar las vulnerabilidades subyacentes.
En la última década, la protección social adaptativa ha surgido como un enfoque innovador e integral para ayudar a las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad a generar resiliencia ante las crisis y proteger sus activos y capital humano: su salud, educación y bienestar. La protección social adaptativa se refiere a las políticas, los programas y las estrategias que se diseñan para apoyar a las poblaciones vulnerables de modo que puedan adaptarse a los cambios en las circunstancias. Los programas de este tipo pueden ampliarse o reducirse según sea necesario y ayudan a estabilizar los ingresos y el consumo de las personas cuando se producen crisis, evitando que estas recurran a mecanismos negativos para hacer frente a la situación, como comer menos o vender activos. Son especialmente eficaces cuando benefician a las familias que corren mayor riesgo de sufrir hambre o malnutrición.
Estos programas también podrían servir para combatir el hambre y la malnutrición crónica a gran escala al proporcionar acceso a servicios adecuados de alimentación, salud y nutrición. Por ejemplo, el Banco Mundial apoyó al Gobierno de Perú en el uso de las transferencias monetarias condicionadas (i) junto con la educación nutricional y el control del crecimiento de los niños, lo que permitió reducir a la mitad las tasas nacionales de retraso del crecimiento. En Níger, un programa gubernamental dirigido a los hogares pobres (PDF, en inglés) aumentó el consumo de alimentos en un 15 % y la seguridad alimentaria en un 19 % al cabo de solo 18 meses.
Una característica de la protección social adaptativa que se aprecia muy poco es su potencial para fortalecer los sistemas alimentarios locales. Estos programas pueden ayudar a las personas a invertir en activos productivos a lo largo de la cadena de valor alimentaria (p. ej., ganado, semillas o equipos agrícolas) y a diversificar sus fuentes de ingresos, reduciendo así su vulnerabilidad a las crisis, incluidas aquellas causadas por el cambio climático. Además, pueden incentivar la producción y el consumo de alimentos saludables al promover el crecimiento y el empoderamiento de los pequeños agricultores, pescadores, procesadores de productos alimenticios y vendedores minoristas, especialmente mujeres. En Yemen, una operación del Banco Mundial suministró semillas de tomate, trigo y sorgo, y otros insumos, creando 6400 empleos y mejorando el acceso a alimentos nutritivos (i).
Asimismo, la protección social adaptativa puede ayudar a descarbonizar los sistemas alimentarios y, al mismo tiempo, generar resiliencia frente a las crisis. Los sistemas alimentarios representan el 34 % de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por las actividades humanas. En Liberia, un proyecto de apoyo al empleo y los medios de subsistencia (i) permitirá poner a prueba secadores solares que pueden reducir el desperdicio de alimentos y las emisiones, aumentando al mismo tiempo el suministro de nutrientes durante épocas de escasez. A medida que se intensifica la crisis climática, la protección social adaptativa puede ayudar a cumplir el programa de pérdidas y daños aprovechando los registros sociales y las plataformas de pago para obtener apoyo específico que permita crear resiliencia ante el hambre y la malnutrición inducidas por el clima.
Si bien el número de países con sistemas de protección social ha aumentado en los últimos 30 años, estamos lejos de lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible relacionado con la protección social para todos. Más de la mitad del mundo —nada menos que 4100 millones de habitantes— aún carecen de protección y muchos países no cuentan con sistemas para responder de manera oportuna a las crisis.
La respuesta a las crisis es más eficaz cuando el apoyo llega pronto, pero los programas anticipados y de respuesta ante las crisis requieren de sistemas sólidos. De ahí que sea esencial apoyar a los países en la creación de sistemas de protección social adaptativa gubernamentales sólidos, y ello incluye la puesta en marcha de registros sociales dinámicos de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, y plataformas de pago que permitan la rápida implementación de los programas de protección social adaptativa. Las reformas pueden ser útiles para aprovechar las tecnologías digitales y los macrodatos, como es el caso del programa completamente digital de respuesta a la crisis pandémica “Novissi” de Togo (PDF, en inglés). Los países también pueden centrarse más en el financiamiento del riesgo de desastres con recursos asignados previamente que se pueden liberar de manera rápida para anticiparse a crisis que exacerben el hambre y la malnutrición. Es cuestión de estar listos en todo momento.
Invertir en sistemas de desarrollo humano resilientes ha llegado a ser un imperativo. El Banco Mundial tiene como objetivo beneficiar a 500 millones de personas pobres y vulnerables con protección social adaptativa específica, adaptada para satisfacer las necesidades de estas poblaciones y programadas para hacer frente a las crisis de aquí a 2030. Sabemos que la protección social adaptativa funciona, por lo que, junto con nuestros asociados en la tarea del desarrollo y entidades dedicadas a la asistencia humanitaria, debemos movilizar con urgencia los recursos, los conocimientos especializados y la innovación necesarios para crear sistemas inclusivos y resilientes que ayudarán a responder a las crisis futuras. La reposición de los recursos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) —entidad que apoya a los países más pobres— del Banco Mundial a fines de este año es la oportunidad perfecta para traducir los compromisos en acciones concretas.
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