La hiperactiva temporada de huracanes en el Atlántico durante 2020 ha añadido una dosis adicional de incertidumbre para los países de América Latina y el Caribe, que ya estaban haciendo frente a los impactos debilitantes de la pandemia de COVID-19 (coronavirus). La frecuencia de las tormentas en esta temporada ha sido tan extraordinaria que las 21 letras disponibles en el abecedario para nombrarlas se agotaron a mediados de septiembre. Por segunda vez en la historia han empezado a utilizarse letras del alfabeto griego.
Conmociones como catástrofes, crisis económicas y pandemias amenazan con revertir décadas de avances logrados en materia de reducción de la pobreza y prosperidad compartida en la región . Estas conmociones tienden a afectar de manera desproporcionada a los pobres y empujan definitivamente a la pobreza a los hogares que aún no lo eran. Según estudios recientes, la mayor intensidad de los huracanes en América Central (PDF, en inglés) provocó un aumento del 1,5 % de la pobreza extrema y las sequías en Nicaragua (i) incrementaron en un 10 % la probabilidad de que los hogares quedaran atrapados en la pobreza. Se prevé que anualmente, en el Caribe, al menos un país sufrirá el azote de un huracán de gran magnitud (PDF, en inglés): en 2017, el huracán María amenazó con aumentar la pobreza en Dominica en un 14 % si no se abordaban los impactos sobre el consumo.
Cuando se desata una crisis, las familias pobres tienden a adoptar estrategias negativas para hacerles frente, como reducir el consumo de alimentos y sacar a los niños de la escuela. Estos problemas han quedado de manifiesto en la actual crisis provocada por la COVID-19. Más de 170 millones de niños no asisten a la escuela en la región debido a los confinamientos; 14 millones de personas corren el riesgo de consumir alimentos de menor valor nutricional; se podrían perder 25 millones de puestos de trabajo; el número de desempleados en la región podría aumentar a 37,7 millones, y se proyecta que 29 millones de personas caerán en la pobreza.
Habida cuenta del aumento del riesgo y de las crisis generalizadas, los países de América Latina y el Caribe tienen que realizar intervenciones más decididas para invertir en capital humano, propiciar la inclusión económica y aumentar la resiliencia . La protección social ha sido clave para apoyar estos objetivos en el pasado y hoy es aún más esencial que nunca. En torno al 50 % de la población de la región recibe cobertura de algún tipo de protección social y las transferencias de asistencia social han reducido la pobreza en Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica, México, Panamá, la República Dominicana y varios países más.
Si los sistemas de protección social se tornan “adaptativos”, los países de la región pueden ayudar a los hogares a prepararse mejor para las crisis, enfrentarlas y adaptarse a ellas , además de asegurarse de que no caigan (más profundamente) en la pobreza. De hecho, los Gobiernos de la región han aprovechado con regularidad sus sistemas de protección social para responder a crisis muy diversas. Recientemente, los países han utilizado estos sistemas para responder de manera rápida e innovadora a los efectos de la COVID-19 sobre los ingresos y el bienestar de la población, mediante la adopción, hasta finales de septiembre, de 184 medidas de asistencia social, 45 medidas de seguro social y 28 medidas relacionadas con el mercado laboral.
A pesar de estas innovaciones, los países de América Latina y el Caribe siguen enfrentando desafíos. Estos incluyen, entre otros, la ampliación eficaz de la cobertura de las redes de protección social para responder a las crisis; la falta de protección adecuada para los trabajadores informales; la dependencia de sistemas de información rudimentarios y sistemas de identificación inadecuados en algunos países; una coordinación y seguimiento deficientes; mecanismos inflexibles de prestación de beneficios, y la incapacidad de adaptarse a contextos posteriores a las crisis que presentan matices.
¿Qué puede hacer la región para crear sistemas de protección social más preparados para enfrentar crisis?
En una serie de notas técnicas recientemente publicada se presentan recomendaciones prácticas. En la nota sobre los sistemas de protección social adaptativos se proporciona un marco a los países de América Latina para evaluar la madurez de sus sistemas de protección social en torno a las tres dimensiones críticas de las instituciones, la prestación de servicios y el financiamiento. En dichos documentos también se plantea que la protección social puede contribuir a la identificación y reducción de los riesgos, la preparación, la recuperación resiliente y la protección financiera.
En primer lugar, es fundamental mejorar la identificación y la cobertura de los programas focalizados de asistencia social (protección social no contributiva), ya que suele ser el mecanismo más rápido para dar una respuesta a los más pobres cuando se producen los desastres. En los casos en que los programas lleguen a muy pocos pobres, aumentar las prestaciones para los beneficiarios existentes tiene poco impacto. En la nota sobre el diseño de los programas de protección social no contributiva se presentan consideraciones clave sobre cómo diseñarlas para utilizar mejor las transferencias en efectivo no contributivas y en especie a fin de apoyar la respuesta a los desastres, la superación y la adaptación entre las poblaciones pobres y vulnerables.
Los países también deben asegurarse de que existan datos fiables sobre los hogares pobres y vulnerables, incluidos aquellos que corren un mayor riesgo de sufrir diversas conmociones . Esto ayudará a orientar las intervenciones para mejorar la resiliencia entre estos hogares y permitir la rápida expansión de los beneficios hacia los hogares sin cobertura. En la nota sobre el diseño de los sistemas de información de protección social (SIPS) adaptativos se entrega orientación para mejorar y utilizar los registros sociales, los registros de los beneficiarios y otros SIPS con el fin de apoyar los objetivos de gestión de riesgos, en particular mediante una integración e interoperabilidad más específicas con los sistemas de información sobre riesgos.
También es importante mejorar las evaluaciones posteriores a los desastres en los hogares afectados. En la nota sobre la evaluación de hogares después de un desastre se exponen las experiencias de los países que han utilizado esos instrumentos y se proporciona orientación sobre cómo utilizar mejor estos datos para guiar las medidas de apoyo posterior a un desastre.
También es esencial el uso de intervenciones de trabajo social para aprovechar la frecuente interacción entre los trabajadores sociales con los beneficiarios y los clientes de los organismos de protección social, ya que ello favorece una resiliencia y respuestas a las crisis más focalizadas.
Por último, es primordial asegurar el financiamiento para apoyar una respuesta eficaz en materia de protección social. En la nota técnica sobre la gestión financiera del riesgo de desastres se exponen importantes experiencias de los países y recomendaciones acerca de este tema.
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