El panorama para los habitantes de los países en desarrollo sigue siendo sombrío. La COVID-19 y los cierres relacionados con la pandemia están poniendo en entredicho la eficacia de las estructuras civiles e institucionales en todo el mundo y aumentando la fragilidad y la violencia, lo que causa crisis interrelacionadas en los ámbitos de la política exterior, el desarrollo y la economía.
Nuestras estimaciones indican que cientos de millones de familias están sufriendo los impactos de los retrocesos en materia de desarrollo y de la crisis económica más importante en casi un siglo. Los indicadores de pobreza, crecimiento, desigualdad, nutrición, educación y seguridad se están deteriorando en lugar de mejorar.
La desigualdad ha empeorado, tanto dentro como fuera de las fronteras, y las políticas fiscales y monetarias exacerban la desigualdad al favorecer a los más ricos y dejar rezagadas a las personas y los países más pobres. La población situada en el extremo inferior de la distribución del ingreso enfrenta las deficiencias que existen dentro de sus propios sistemas gubernamentales y las debilidades en las instituciones mundiales. Estas personas se llevan la peor parte frente a las numerosas crisis globales sobre las que tienen poco control o responsabilidad.
"También hemos aumentado nuestras contribuciones a los Estados frágiles, pasando de USD 3900 millones en el ejercicio de 2016 a USD 15 800 millones en el ejercicio de 2021, pero los buenos resultados de desarrollo no se pueden lograr de manera unilateral".
Los aumentos de la inflación y de las tasas de interés están afectando en mayor medida a los más pobres del mundo. El actual sistema mundial continúa concentrando el capital, la riqueza y el mayor gasto público en un segmento muy reducido de las economías avanzadas. Esto trae aparejados costos: una cantidad más baja de pequeñas empresas, un crecimiento menor de los ingresos medios y nuevos retrocesos en el desarrollo.
La asignación de capital desacertada debilita las inversiones productivas, la capacitación laboral y la logística, todo lo cual es vital para las cadenas de suministro dinámicas que contrarrestan la inflación y la escasez de productos. Por consiguiente, los países en desarrollo no reciben suficientes entradas de capital, lo que les impide responder apropiadamente a los numerosos desafíos que encaran. En particular, África enfrenta falta de inversión, acceso insuficiente a la electricidad y al agua potable, y barreras reglamentarias.
En este contexto, los conflictos y la violencia están impulsando la desigualdad económica y generando costosos efectos secundarios transfronterizos. El Grupo Banco Mundial (GBM) estima que 23 países, con una población combinada de 850 millones de personas, hacen frente actualmente a conflictos de alta o mediana intensidad, y el número de personas que sufren inseguridad alimentaria se ha duplicado y llega a 270 millones. Estas tendencias van en la dirección equivocada, ya que el número de "países en conflicto" ha aumentado más del doble en la última década y ha provocado flujos masivos de refugiados.
Con economías estancadas y una población muy joven, los Estados frágiles y afectados por conflictos deben ser una prioridad mundial mucho mayor. El GBM ha trabajado activamente en los Estados frágiles desde sus inicios, y ha movilizado importantes recursos para ayudarlos a trazar un camino a seguir. En los últimos cuatro años, casi duplicamos nuestra presencia en lugares frágiles, y hoy tenemos más de 1200 funcionarios en esos entornos. También hemos aumentado nuestras contribuciones a los Estados frágiles, pasando de USD 3900 millones en el ejercicio de 2016 a USD 15 800 millones en el ejercicio de 2021, pero los buenos resultados de desarrollo no se pueden lograr de manera unilateral. Al tiempo que el mundo corre el riesgo de actuar con demasiada lentitud, la inflación, el aumento de las tasas de interés y la asombrosa carga de la deuda están teniendo un gran impacto negativo en los países que enfrentan fragilidad, conflicto y violencia, y llevando al límite sus finanzas.
Esfuerzos internacionales coordinados son vitales para encontrar soluciones. Hay que detener el suministro de armas que llegan a los Estados frágiles y afectados por conflictos y reducir el exceso de armas de fuego y minas terrestres que han quedado de brotes de violencia anteriores. Una reducción de las tensiones también requiere una regulación más estricta de los contratistas de seguridad internacionales.
Las organizaciones multilaterales pueden hacer aportes aún más significativos a la seguridad cuando tienen una fuerte presencia sobre el terreno. Los Gobiernos de los Estados frágiles y afectados por conflictos tienen en general poca capacidad, por lo que es claramente beneficioso continuar las intervenciones presenciales para ayudar a que los programas sean eficaces. Las innovaciones tecnológicas, incluidos los pagos digitales, también resultarán fundamentales para los hogares de bajos ingresos y las pequeñas empresas en los entornos frágiles.
En tiempos convulsionados, una acción concertada es más necesaria que nunca. Los acuerdos internacionales específicos deben impulsar el desarrollo humano y económico en los Estados frágiles y afectados por conflictos, proporcionándoles acceso a medicamentos asequibles y deteniendo el aluvión de armamento bélico. La respuesta macroeconómica a la inflación debe evitar llevar al mundo en desarrollo a una nueva fase de turbulencia económica. Y deben adoptarse mecanismos viables para reestructurar las deudas de los países más pobres y aumentar la transparencia de las condiciones de los préstamos.
Los países en desarrollo necesitan un camino factible para aliviar la pobreza e impulsar la prosperidad compartida a fin de prevenir ciclos de conflicto y violencia. El GBM continuará trabajando para lograr resultados sobre el terreno, y colaborando estrechamente con los Gobiernos, la sociedad civil y el sector privado, para reducir la pobreza y ampliar la prosperidad de la humanidad.
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