El movimiento #YoTambién está transformando la manera en que percibimos y que esperamos, se aborde el acoso sexual.
Durante mucho tiempo las mujeres han sufrido este tipo de violencia que tiene consecuencias negativas en su voz y agencia, así como su capacidad de participar plenamente en la economía y la sociedad. Existen numerosas pruebas del costo que representa el acoso sexual para las empresas, ya sea en acuerdos legales, pérdidas de tiempo de trabajo y pérdidas comerciales. Pero el acoso sexual también tiene efectos negativos en las oportunidades económicas de las mujeres (i). Por ejemplo, si no hay recursos disponibles para protegerlas, en lugar de denunciar el problema, las mujeres que enfrentan acoso sexual en su trabajo a menudo dicen (i) que no tienen más salida que renunciar (i). Esto puede significar tener que volver a empezar, y perder aumentos salariales, oportunidades de crecimiento profesional (i) y potencial de generar ingresos. Estudios indican que el acoso sexual afecta negativamente el éxito y la satisfacción profesional de las mujeres. Sin embargo, muchos países aún no ofrecen a las mujeres una protección legal adecuada contra esta forma generalizada de desigualdad de género.
Tradicionalmente, el acoso sexual se ha vinculado con el empleo y se ha definido como un hecho que ocurre solo en el contexto de relaciones de poder desiguales. Pero con el tiempo, los países han comenzado progresivamente a abordar el acoso sexual de manera más integral y en diversos campos del derecho, como las leyes contra la discriminación y el derecho penal. Las leyes en este ámbito deben definir y penalizar el acoso sexual como un comportamiento no deseado tanto en las relaciones horizontales como verticales, incluidas las relaciones en el lugar de trabajo, la educación, los lugares públicos, y otros tipos de interacciones jerárquicas.
Cada dos años, el Banco Mundial publica datos sobre estas y otras leyes que protegen a las mujeres de la violencia como parte de su serie de informes Mujer, Empresa y el Derecho (i). El informe 2018 (i) y sus datos detallados de países acaban de ser publicados (i).
Según el informe de 2018, 59 economías carecen de leyes contra el acoso sexual en el lugar de trabajo. La falta de protección legal se observa en el 70 % de las economías de Oriente Medio y Norte de África, en la mitad de Asia oriental y el Pacífico y en un tercio de América Latina y el Caribe. Esto afecta potencialmente a más de 500 millones de mujeres en todo el mundo. Una correlación sencilla indica que es más probable que las mujeres sean propietarias de empresas en los países donde existe protección contra el acoso sexual. Este tipo de correlación no implica causalidad, pero apunta a la posibilidad de impactos que vale la pena estudiar en una investigación más detallada.
El acoso sexual también puede ocurrir en otras esferas, incluyendo en la educación, donde la falta de leyes adecuadas y la aplicación deficiente de estas cuando existen pueden tener consecuencias dramáticas para las niñas adolescentes. En el último informe Mujer, Empresa y el Derecho se señala que en el 65 % de las economías no hay leyes que protejan a las mujeres y las niñas del acoso sexual en la educación. En algunos lugares, los padres mencionan que el miedo a ser acosadas o atacadas en su camino a la escuela o en la misma escuela es una de las razones por las que las niñas abandonan la escuela sin completar su educación secundaria. El trauma derivado del acoso y la exclusión que podrían provocar los embarazos fuera del matrimonio debido a un abuso sexual pueden ser devastadores para las jóvenes adolescentes, poniendo en peligro su futuro y las oportunidades a lo largo de su vida. En algunos casos, el temor al acoso y abuso sexual en la escuela puede contribuir no solo a que las niñas abandonen la escuela, sino también al matrimonio infantil, y conllevar todas las consecuencias negativas de casarse a una temprana edad.
Una nota reciente, financiada en parte por la Alianza Mundial para la Educación, proporciona un análisis de las tendencias mundiales y regionales relacionadas con la protección legal de las mujeres contra la violencia doméstica y el acoso sexual. El análisis se basa en datos de 2013 a 2017 sobre leyes y reglamentos vinculantes que se aplican en un subconjunto de 141 de las 189 economías examinadas en el informe Mujer, Empresa y el Derecho. Si bien la protección legal de las mujeres y las niñas ha mejorado en los últimos cuatro años, el análisis (i) de las tendencias muestra que, a nivel mundial, las estimaciones del número de mujeres que carecen de protección legal contra el acoso sexual no han disminuido dramáticamente (i). En el caso del acoso sexual en el empleo, la cantidad de mujeres no protegidas legalmente se redujo de alrededor del 16 % en 2013 al 13,5 % en 2017 , mientras que el porcentaje de mujeres y niñas no protegidas contra el acoso sexual en el ámbito de la educación disminuyó aún menos, del 57,5 % al 55 % en los últimos cuatro años para el mismo conjunto piloto de 141 países. Esto se traduce en una cifra de unos 1500 millones de mujeres que no cuentan con protección (para efectos de comparabilidad, las estadísticas se basan en la población de mujeres de 15 años o más). Las estimaciones son más altas cuando se basan en la falta de sanciones penales para los autores de estos actos.
Si bien las leyes contra el acoso sexual no resuelven el problema, sí constituyen un primer paso importante. Tener leyes adecuadas es esencial para proporcionar a las mujeres protección legal contra el acoso sexual y es una señal del compromiso de alcanzar la meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible de poner fin a todas las formas de violencia y prácticas dañinas contra las mujeres y las niñas antes de fines de 2030.
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