Las múltiples crisis que hoy enfrentan los países en desarrollo constituyen un gran retroceso para el desarrollo. La guerra en Ucrania y las secuelas de la COVID-19 han provocado un fuerte aumento de los precios de los alimentos, los fertilizantes y la energía. A su vez, esto ha contribuido a los altos niveles de inflación, al incremento de las tasas de interés y al riesgo de estanflación.
A nivel mundial, los precios de los alimentos y la energía han aumentado los riesgos de inseguridad alimentaria, malnutrición y hambre, afectando en mayor medida a las personas más pobres del mundo. Las familias pobres ya habían sufrido la peor parte de la crisis de la COVID-19: tan solo en 2020, la cantidad de personas que vivían por debajo de la línea de pobreza extrema —con menos de USD 2,15 al día— aumentó en más de 70 millones (i), lo que constituye el salto más grande de la historia, al menos desde 1990. Muchas personas que ya se encontraban en situación de pobreza extrema se volvieron aún más pobres. Las familias vulnerables también sufrieron los mayores retrocesos en materia de salud y educación. Alrededor del 70 % de los niños de los países de ingreso bajo y mediano están en situación de pobreza de aprendizajes, lo que significa que, a los 10 años, no pueden leer o comprender un texto básico.
Además, los desafíos a largo plazo, especialmente los generados por los cambios climáticos y demográficos, son cada vez más urgentes, y sus impactos económicos y fiscales son más marcados. Las inundaciones registradas recientemente en Pakistán han dejado más de 1500 muertos (i), mientras que las sequías están causando estragos en el Cuerno de África (i) y en América del Sur (i), ya que afectan la producción de alimentos y la generación de energía hidroeléctrica y arrastran a millones de personas a una grave inseguridad alimentaria.
Las crisis múltiples han provocado importantes pérdidas de ingresos en muchos países en desarrollo. Al mismo tiempo, generan necesidades de financiamiento adicional para mitigar los impactos adversos en las familias y las empresas vulnerables. En consecuencia, la posición fiscal de la mayoría de los países en desarrollo se ha deteriorado aún más. Más de la mitad de los países de ingreso bajo y mediano bajo que reúnen los requisitos para recibir financiamiento de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) —el fondo del Banco Mundial para los países más pobres—ahora corren un alto riesgo de sobreendeudamiento o ya se encuentran en esa situación.
Esto exacerba los enormes y crecientes déficits de financiamiento en los países en desarrollo que buscan alcanzar un desarrollo verde, resiliente e inclusivo (PDF, en inglés).
En este contexto, ¿cómo pueden los países reducir estos grandes déficits de financiamiento y crear el espacio fiscal que tanto se necesita, especialmente en un momento en que la suba de las tasas de interés aumenta el costo del financiamiento mediante deuda?
En primer lugar, será fundamental mejorar la capacidad de los países para movilizar recursos de manera eficiente, a fin de restablecer la sostenibilidad fiscal y de la deuda.
Debido a la pandemia de COVID-19, en 2020 los ingresos tributarios disminuyeron un 12 % en términos reales a nivel mundial y un 15 % en los países de ingreso bajo y mediano bajo. Los Gobiernos deben encontrar las formas más productivas de acelerar la recuperación de los ingresos y, al mismo tiempo, proteger a las personas pobres y vulnerables , reducir la carga sobre la inversión y la competitividad y promover el desarrollo verde, resiliente e inclusivo.
El contexto actual de alta inflación constituye una oportunidad para que los países revisen sus sistemas tributarios y logren que estos sean más neutrales ante la inflación. Si los Gobiernos indexan los diferentes componentes de los impuestos directos e indirectos, pueden ayudar a mitigar el impacto de la inflación en los grupos de ingreso más bajo y garantizar que los ingresos tributarios reales se mantengan actualizados. Esto puede aplicarse a impuestos selectivos específicos, a los umbrales de exención del impuesto a la renta de las personas físicas y a los montos de deducciones y créditos.
Uno de los componentes centrales del enfoque del Banco Mundial sobre la movilización de recursos internos consiste en buscar no solo una recaudación de ingresos más elevada, sino también más equitativa, lo que en definitiva resulta más importante. No podemos dejar de señalar la importancia de aplicar reformas que amplíen la base imponible y mejoren la igualdad y la equidad. Esto incluye ajustar la tributación de fuentes que a menudo pagan menos impuestos de lo que corresponde, como las transacciones digitales, la propiedad y el patrimonio. Racionalizar los gastos tributarios y hacer que los impuestos sean más progresivos, pasando de los impuestos indirectos a los impuestos directos, también son medidas positivas. Asimismo, se deben considerar los impuestos ambientales y los impuestos relacionados con la salud, ya que pueden proporcionar incentivos para la transición hacia las energías renovables y un estilo de vida más saludable, algo que se necesita con prontitud. También deben abordarse las deficiencias del sistema internacional de impuestos a las sociedades para reducir la competencia tributaria perniciosa, resolver la elusión fiscal y mejorar la lucha contra la evasión fiscal.
En segundo lugar, es fundamental introducir reformas en los incentivos tributarios y los subsidios.
Para mitigar el impacto de los altos precios de la energía y los alimentos, muchos países de todo el mundo han incorporado o aumentado los subsidios. Sin embargo, estos suelen estar mal orientados. Por ejemplo, la mitad de todo el gasto en subsidios a la energía en los países de ingreso bajo y mediano beneficia al 20 % más rico de la población, que consume más energía.
Por el contrario, los programas de transferencias monetarias tienden a ser más eficaces para llegar a los grupos más vulnerables: el 60 % del gasto en estas transferencias se destina al 40 % más pobre de la población.
Con la eliminación de tan solo los subsidios a los combustibles fósiles y a la agricultura, se podrían liberar hasta USD 1,2 billones en fondos. Sería más eficaz reorientar esos recursos hacia la protección de los más vulnerables y, al mismo tiempo, apoyar reformas estructurales que mejoren la seguridad alimentaria y la transición a fuentes de energía más sostenibles..
De acuerdo con la visión del Banco Mundial, una movilización de ingresos más adecuada y equitativa es crucial para lograr un crecimiento más inclusivo, resiliente y sostenible. Estamos totalmente comprometidos a apoyar a los países en la consecución de estos objetivos.
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