Cómo puede el mundo detener los flujos financieros ilícitos

Bajo el peso de grandes expectativas y el foco de las cámaras de televisión, los delegados se reunieron la semana pasada en la Tercera Conferencia Internacional sobre el Financiamiento para el Desarrollo en Addis Abeba.

Líderes de todo el mundo y representantes de la sociedad civil y el sector privado intercambiaron ideas sobre la financiación de los ambiciosos objetivos de desarrollo sostenible. (i) La conversación representó un cambio de paradigma con relación a nuestra manera de pensar acerca del desarrollo. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, habló de un mundo “en el que la población mundial sigue creciendo y existe una mayor limitación  de recursos”, y en consecuencia, en el que “el financiamiento del desarrollo necesita un reinicio”.

Un componente vital de ese reinicio es ayudar a los países en desarrollo a generar y, sobre todo, a conservar los recursos nacionales para financiar programas e infraestructura. Esta “conservación” no puede ocurrir sin esfuerzos concertados para reducir los flujos financieros ilícitos (FFI). La corrupción, la evasión de impuestos y el lavado de dinero son el combustible que estimula las corrientes ilícitas. Esos problemas llevan los recursos de donde más se necesitan a las manos de unos pocos que cometen actos de corrupción.

La Agenda de Acción de Addis Abeba estableció un objetivo claro: “Redoblaremos los esfuerzos encaminados a reducir sustancialmente las corrientes financieras ilícitas para 2030, con miras a finalmente eliminarlas”. Pero ¿cómo hacer que esto suceda? El Grupo Banco Mundial tiene un papel que desempeñar en esta lucha, pero es mucho lo que hay que hacer y solo lo lograremos con una mayor cooperación internacional.
 

• En primer lugar, es fundamental combatir las fuentes de los FFI mediante la reducción de los delitos, la corrupción y la evasión tributaria.
• En segundo lugar, los FFI deben ser detenidos para evitar que el dinero ilegal salga del país.
• Por último, los terceros –especialmente los intermediarios financieros y otros proveedores de servicios– deben dejar de aceptar esos activos.

Para lograr esto, los países en desarrollo y los centros financieros deben colaborar en la adopción y aplicación de políticas que promuevan el buen gobierno, combatan la corrupción, persigan el dinero sucio y pongan en práctica sistemas fiscales transparentes.

Todos los países deben contar con leyes adecuadas, pero es igual de importante tener la capacidad de implementarlas. Es necesario hacer cumplir las normas existentes para identificar a los propietarios finales de los activos y prevenir las operaciones de empresas ficticias y otras estructuras opacas.

Un sistema de intercambio de información tributaria es tan crucial como prevenir que los evasores de impuestos y los blanqueadores de dinero oculten sus ganancias mal habidas. Garantizar que los flujos financieros transfronterizos usen los sistemas financieros formales también es clave en la lucha contra los FFI: esta es la esencia de la labor que el Grupo Banco Mundial está llevando a cabo con el Consejo de Estabilidad Financiera (i) y el Grupo de los Veinte (G-20) al abordar la reducción de riesgos y evitar que las transacciones internacionales sean clandestinas.

El Grupo Banco Mundial tiene el poder de convocatoria y la experiencia técnica para ayudar a los países a lograr estos objetivos. Podemos reunir a las naciones desarrolladas y en desarrollo, coordinar las actividades internacionales y colaborar en la formulación de normas mundiales.

El acuerdo alcanzado en Addis Abeba ofrece una plataforma sólida para avanzar en esta agenda, en particular trasladando la tarea a los países. Nuestra experiencia y conocimientos en la gestión de recursos, la transparencia financiera y fiscal, el buen gobierno, los impuestos, la inteligencia y la regulación financiera, la lucha contra el lavado de dinero y la devolución de activos robados pueden ayudar a los países a elaborar soluciones a la medida para frenar los FFI.

Estamos dispuestos a colaborar con las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, ya que las empresas privadas deben hacer todo lo posible para garantizar que sus prácticas tributarias y comerciales cumplan con las leyes locales.
En Addis Abeba participé en un animado debate en un evento —que organizamos en forma conjunta con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización para la  Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre los FFI—, junto a representantes de Oxfam y de los Gobiernos de Kenya, Estados Unidos, el Reino Unido y Suecia. Tratamos de identificar las medidas concretas que se necesitan para luchar contra los FFI y aumentar los ingresos en los países en desarrollo.

Este diálogo fue solo un punto de partida en la ruta hacia el año 2030. Las declaraciones, compromisos e intenciones solo serán eso a menos que den lugar a acciones concretas para detener los FFI.
No se trata de un desafío abstracto, sino de uno que afecta la vida de millones de personas en todo el mundo. Cada dólar que se desvíe significa menos dinero para invertir en agua potable, centros de salud, maestros y más. Este problema quita a los países en desarrollo los recursos que les pertenecen y que deberían ser gastados en sus prioridades de desarrollo.

Esperamos que todos los países, las organizaciones internacionales, el sector privado y la sociedad civil aprovechen el impulso generado en Addis Abeba para unirse y superar este desafío crucial para el desarrollo. Espero que el diálogo continúe cuando debatamos el financiamiento para el programa de desarrollo. Si el problema de los flujos ilícitos se aborda con éxito, esto beneficia a todos, pero si se fracasa, los más afectados serán los más pobres y vulnerables, y no podemos permitir que eso suceda.