En las últimas décadas, hemos observado un aumento en la cantidad de países que invierten en programas de protección social. Estos programas ayudan a los individuos y las familias, especialmente los pobres y vulnerables, a hacer frente a las crisis y convulsiones, y a invertir en la salud y la educación de sus niños. También, dan asistencia a los jóvenes para que desarrollen habilidades y encuentren empleo, y ayudan a proteger a los adultos mayores.
Ahora tenemos amplias pruebas empíricas (PDF, en inglés) sobre cómo las redes de protección social o las transferencias de efectivo condicionadas —donaciones en efectivo entregadas regularmente por los Gobiernos a los hogares pobres a cambio de que envíen a los niños a la escuela o cumplan con controles de salud periódicos— no solo ayudan a los países a invertir en el capital humano, sino también actúan como una fuente de ingreso para los pobres, mejorando sus niveles de vida. En la actualidad, más de 1900 millones de personas en unos 130 países de ingreso bajo y mediano (i) son beneficiarias de programas de protección social.
La protección social ya no se considera un “lujo” que solo los países de ingreso alto se pueden permitir, sino además un instrumento esencial para transformar las vidas de las personas pobres y vulnerables, ya que contribuye al crecimiento económico, la cohesión social y la resiliencia.
Podemos ver esto en Filipinas, (PDF, en inglés) donde el programa nacional de transferencias de efectivo condicionadas ha llegado a 4,4 millones de familias, cubriendo al 21 % de la población. El programa ha mantenido a los niños pobres en la escuela, y ha permitido reducir el retraso del crecimiento en 10 % en el caso de los niños que participan en él. A nivel nacional, la iniciativa disminuyó la brecha de la pobreza del 9,1 % al 8,2 %, una reducción de 61 pesos filipinos por cada 100 pesos filipinos utilizados por el programa.
En Madagascar, (i) donde el 60 % de la población vive en situación de pobreza extrema, además de ayudar a los niños pobres a tener un comienzo saludable a través de los programas de transferencias en efectivo que se vinculan al desarrollo en la primera infancia y la nutrición, estamos realizando una prueba experimental de un enfoque que emplea indicaciones de comportamientos para empoderar a las mujeres beneficiarias. El programa apunta al cambio de conductas y a la capacitación de las mujeres en aptitudes de liderazgo, planificación financiera y desarrollo empresarial.
Y, a medida que la población envejece, ha habido una notable expansión de los programas de pensiones sociales (PDF, en inglés) en los países en desarrollo para garantizar que los ancianos estén protegidos. En México, (PDF, en inglés) un sistema de pensión universal brinda cobertura a todas las personas de 70 años de edad y mayores, y en las zonas rurales a las personas de 65 años que no reciben ingresos provenientes de pensiones.
En los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (i) se reconoce la función crucial que cumple la protección social en la consecución de nuestro programa de desarrollo como un medio para reducir la pobreza, lograr una mayor igualdad de género y fomentar el trabajo decente.
La nueva alianza mundial, (i) dada a conocer en la Asamblea General de la ONU el 21 de septiembre de 2016 y encabezada por la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Mundial sobre el acceso universal a la protección social, constituye una señal del compromiso de la comunidad internacional de promover el establecimiento de sistemas de protección social (i) nacionales y financiados en forma sostenible para cerrar las brechas en la cobertura.
En el Grupo Banco Mundial, esto lo consideramos fundamental para lograr nuestros dos objetivos de poner fin a la pobreza extrema y aumentar la prosperidad compartida. Apoyamos a los países en la armonización de sus políticas y programas de protección social y los sistemas de administración correspondientes. Además, los respaldamos en sus esfuerzos por expandir el espacio fiscal para aumentar los programas de protección social universal y, al mismo tiempo, eliminar los obstáculos e integrarlos de manera adecuada en las estrategias nacionales de desarrollo.
Y si bien se han logrado avances, queda mucho más por hacer, tanto en términos de extender y monitorear la cobertura de las personas pobres y vulnerables como en términos de adaptar las intervenciones de protección social a los nuevos desafíos como el cambio climático y las crisis humanitarias.
Pese a las incertidumbres generadas por las crisis, los desastres naturales y los conflictos, los programas de protección social pueden ayudar a los más pobres a invertir en sí mismos y en sus familias, a aumentar la resiliencia frente a una crisis y a crear oportunidades para tener una vida mejor, rompiendo el ciclo intergeneracional de pobreza.
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