Muchos países aún impiden que las mujeres otorguen la nacionalidad a sus hijos de la misma manera que los hombres. | © shutterstock.com
Las leyes que impiden a las mujeres otorgar su nacionalidad a sus hijos o cónyuges tienen importantes repercusiones económicas. Estas disposiciones limitan el acceso a los servicios esenciales y la seguridad laboral, lo que socava la seguridad económica de las mujeres y sus familias, y perpetúa los ciclos de pobreza. Según el último informe La mujer, la empresa y el derecho, más de una cuarta parte de las economías aún restringe los derechos de las mujeres a conceder la ciudadanía.
Situación actual de las leyes de nacionalidad
Los datos indican que 28 de las 190 economías analizadas impiden que las mujeres otorguen la nacionalidad a sus hijos de la misma manera que los hombres (gráfico 1a). Por ejemplo, otorgar la nacionalidad a un niño es un derecho exclusivo de los hombres en Kuwait y Somalia. Algunas economías, como Libia, ofrecen excepciones legales para las mujeres cuyos esposos carecen de nacionalidad con el fin de evitar que los hijos sean considerados apátridas.
Discriminación en la ciudadanía de los cónyuges
Los datos también revelan que 50 economías impiden que las mujeres traspasen la ciudadanía a sus cónyuges extranjeros en igualdad de condiciones con los hombres (gráfico 1b). Si bien la mayoría de las leyes de nacionalidad no mencionan la capacidad de las mujeres casadas para traspasar la nacionalidad a un esposo extranjero, otras discriminan directamente a las mujeres. Por ejemplo, en Camerún, las esposas que no son ciudadanas adquieren automáticamente la ciudadanía a través del matrimonio, pero las mujeres camerunesas que se casan con extranjeros no gozan del mismo privilegio. Los esposos que no son ciudadanos solo pueden naturalizarse después de cumplir con una serie de requisitos. Del mismo modo, en Bangladesh, los esposos extranjeros pueden adquirir la ciudadanía mediante la naturalización después de haber vivido en el país durante dos años, mientras que una mujer extranjera puede obtener la ciudadanía inmediatamente después de contraer matrimonio.
Disparidades regionales
La mayor concentración de leyes discriminatorias sobre la nacionalidad se encuentra en la región de Oriente Medio y Norte de África, donde el 85 % de las economías (17) no permiten que las mujeres traspasen la nacionalidad a sus hijos y cónyuges de la misma manera que los hombres, seguida de Asia meridional (50 %: 4 economías) y África subsahariana (37,7 %: 17 economías) (gráfico 2).
Avances y reformas
Sin embargo, varios países de todas las regiones han tomado medidas significativas para alinear sus leyes de nacionalidad con los compromisos internacionales o regionales. En África subsahariana, los debates en torno a la adopción del Protocolo sobre el Derecho a la Nacionalidad, que no entró en vigor hasta 2024, han provocado una ola de reformas. Desde la aprobación de la primera resolución en 2013, Senegal, Nigeria, Madagascar, Lesotho, Malawi, Guinea, Liberia, Benin y Cabo Verde han eliminado de manera cronológica las disposiciones discriminatorias en sus leyes sobre nacionalidad. En Senegal, las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel fundamental a la hora de impulsar reformas jurídicas (en francés). Las abogadas cumplieron un papel decisivo en la eliminación de disposiciones discriminatorias durante el proceso de revisión del Código sobre la Nacionalidad. En Benin, el Poder Judicial ha sido el agente catalizador de las reformas. En 2014, en una decisión histórica (en francés), el Tribunal Constitucional anuló varias disposiciones del Código sobre la Nacionalidad que impedían a las mujeres beninesas conceder la nacionalidad a sus hijos y cónyuges extranjeros en las mismas condiciones que los hombres. Después de un largo proceso de reforma que duró ocho años, Benin finalmente abolió las disposiciones discriminatorias por motivos de género en la legislación sobre nacionalidad a través de la Ley n.o 2022-32 del 20 de diciembre de 2022. Sin embargo, se ha producido un estancamiento en países como Mauritania, Sierra Leona y Togo, donde las leyes de nacionalidad siguen arraigadas en estereotipos de género y prejuicios culturales, a pesar de las constantes actividades de defensa de las organizaciones de mujeres.
Consecuencias económicas y sociales
Cuando las mujeres no pueden conferir la nacionalidad, sus hijos o cónyuges enfrentan obstáculos para acceder a herencias, propiedades y empleos formales. Estas restricciones también plantean un desafío para la unidad familiar, ya que las mujeres casadas con hombres de otras nacionalidades tienen problemas para lograr acceso a servicios sociales, educación y recursos financieros. En algunos casos, cuando los niños no tienen la misma nacionalidad que su madre, corren el riesgo de ser considerados apátridas, y la educación básica y la atención médica pueden volverse inaccesibles e inasequibles. Del mismo modo, cuando un esposo no puede obtener la nacionalidad de su esposa, sus oportunidades de empleo se ven gravemente limitadas.
Resumen
Por lo tanto, eliminar estas disposiciones discriminatorias es una necesidad económica para mejorar las oportunidades económicas de las mujeres, apoyar la estabilidad familiar y permitir que la mitad de la sociedad contribuya plenamente al crecimiento económico de los países.
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