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Tres formas de mejorar la respuesta a la COVID-19 para ayudar a los adultos mayores y las personas con discapacidad

Bénéficiaire du programme Vision 2020 Umurenge du Rwanda (VUP), Susanne Nyiramahungura, 72 ans, a expliqué aux équipes de la Banque mondiale que ce programme lui avait donné une seconde chance dans la vie. Handicapée de naissance, Susanne remercie Dieu et le VUP de lui avoir permis de mettre de l'argent de côté et de vivre mieux. Photo : © Sarah Farhat/Banque mondiale Bénéficiaire du programme Vision 2020 Umurenge du Rwanda (VUP), Susanne Nyiramahungura, 72 ans, a expliqué aux équipes de la Banque mondiale que ce programme lui avait donné une seconde chance dans la vie. Handicapée de naissance, Susanne remercie Dieu et le VUP de lui avoir permis de mettre de l'argent de côté et de vivre mieux. Photo : © Sarah Farhat/Banque mondiale

La pandemia de COVID-19 (coronavirus) ha dejado al descubierto numerosos puntos débiles en los sistemas de atención de todo el mundo. Si bien afecta a todos los segmentos de la población en el mundo entero, la pandemia amenaza especialmente a los adultos mayores y las personas con discapacidad,  y las respuestas han demostrado producir un impacto desproporcionadamente menor entre ellos, lo que ha tenido consecuencias dramáticas en términos de pérdida de vidas, de oportunidades y de inclusión. Los mayores de 65 años representan el 9 % de la población mundial, y los mayores de 80, casi el 2 %. La edad avanzada se vincula con una mayor incidencia de fragilidad y discapacidad. Las personas con discapacidad componen el 15 % de la población mundial y tienen más probabilidades de ser pobres y menos educadas, y de estar más expuestas a la inseguridad y las crisis económicas. También son más susceptibles de infectarse y tienen peor pronóstico de recuperación.

Los sistemas de alojamiento y la atención de las necesidades de las poblaciones vulnerables son particularmente difíciles durante una pandemia.  Por lo general, las personas dependientes alojadas en centros asistenciales viven en recintos cerrados y, en ocasiones, superpoblados, circunstancias que facilitan la propagación del virus. Por ello, muchos países han aprobado diversas medidas para controlar la infección y proteger a los adultos mayores que requieren cuidados de largo plazo. Estas medidas abarcan desde la prevención y el control a la gestión de los recursos humanos y financieros, la presentación de informes y la coordinación con las autoridades de salud pública. Comprenden, por ejemplo, exámenes diarios de síntomas, requisitos de distanciamiento social, restricción de las visitas, procedimientos de detección y cuarentena, intensificación de los regímenes de desinfección, capacitación y protección del personal, procedimientos de notificación, estructuras claras de liderazgo, campañas de concienciación y adopción de otras directrices y planes de preparación nacionales o locales (visite ltccovid.org [i] para ver una excelente reseña de las medidas adoptadas en diferentes países).

“De esta crisis, los países pueden extraer enseñanzas sobre la forma de crear y mejorar los sistemas de asistencia social y de atención de las personas de edad”.

En relación con las personas que reciben asistencia en su hogar, la pandemia ha generado serios problemas para los familiares que las cuidan, porque la mayoría de los servicios comunitarios se han suspendido  para prevenir la propagación del virus. Algunos cuidadores están extremadamente agotados por tener que enfrentar numerosas tareas, como la prestación de cuidados, y otros problemas como la pérdida del empleo. Para quienes reciben cuidados en su hogar y para los familiares que se los prestan, pero no viven con ellos, el confinamiento ha planteado dilemas especialmente difíciles: cumplir con las medidas de confinamiento o prestar la ayuda y los cuidados necesarios.

De esta crisis, los países pueden extraer enseñanzas sobre la forma de crear y mejorar los sistemas de asistencia social y de atención de las personas de edad.  A continuación se exponen algunas de esas enseñanzas aplicables a la respuesta inmediata para proteger a los más vulnerables, a la respuesta de mediano plazo destinada a fortalecer la salud y la seguridad de los adultos mayores frágiles y las personas con discapacidad, y a las reformas a largo plazo que tienen por objeto elaborar sistemas de atención eficientes, equitativos y resilientes.

En primer lugar, mejorar las condiciones y la seguridad de los sistemas de asistencia social y de atención de los adultos mayores frágiles y las personas con discapacidad.

En lo inmediato, se necesitan medidas para gestionar posibles nuevos brotes y proporcionar cuidados a las personas dependientes. Se deben mantener las medidas de salvaguardia de las personas alojadas en las residencias geriátricas que han dado buenos resultados, como realizar pruebas para prevenir la propagación del virus y aislar los casos, entregar equipos de protección personal a los cuidadores, gestionar la carga de trabajo de estos y garantizarles licencia por enfermedad. Paralelamente, los sistemas de protección social existentes podrían adaptarse para cubrir de forma adecuada las licencias por enfermedad remuneradas; ajustar los montos de las prestaciones por discapacidad y la frecuencia de los pagos, y proporcionar asistencia financiera a las personas que dejan de trabajar para ayudar a sus familiares con discapacidad o para no contagiarlos y que carecen de prestaciones por desempleo o enfermedad para ayudar a quienes permanecen en casa. La respuesta a mediano plazo consistiría en aumentar la disponibilidad de atención formal en el hogar y mejorar la investigación y los datos para vigilar, evaluar y reforzar los sistemas de salud y de prestación orientados a atender las necesidades de los adultos mayores y las personas con discapacidad.

En segundo lugar, mejorar la administración del Gobierno del mercado de la prestación de cuidados.

Los países que ya contaban con sistemas públicos de atención de los adultos mayores dependientes, las personas con discapacidad y otros grupos que necesitan cuidado podrían organizar una respuesta más eficaz a partir de esos sistemas, cuyo alcance se podría ampliar para ayudar tanto a los receptores como a los proveedores de atención. Los tipos de prestadores y los mecanismos para financiarlos con que cuentan los países normalmente están determinados por las políticas y las condiciones propias de cada país, pero la crisis puede facilitar importantes conversaciones acerca de los tipos más adecuados de unos y otros. La administración pública acertada se caracteriza por sistemas con canales de financiamiento funcionales, sistemas de medición, cumplimiento y mejora continua de la calidad de la atención ofrecida por todos los prestadores independientemente de quienes sean sus propietarios (calidad que, a su vez, en los centros residenciales depende, en gran medida, de los recursos humanos que trabajan en ellos), la coordinación entre la atención social y la atención médica, y sistemas de información que reciban y envíen datos, entre otros factores.

La administración del Gobierno es particularmente importante para los programas de los países que ya disponen de planes de pensiones sociales y seguros de enfermedad, y que están analizando la creación de estructuras de financiamiento y prestación de cuidados. Dejar la responsabilidad primaria en manos de la familia o de otros actores privados representa un alto costo para los familiares en edad de trabajar que proporcionan los cuidados (y las mujeres están representadas en exceso entre ellos) y tiene como consecuencia el uso ineficiente de los recursos. La crisis ha mostrado que, si bien el papel de los cuidadores familiares y los pagos privados seguirán siendo importantes en muchos países, para apoyar a los adultos mayores y sus familias se necesitan supervisión pública y modelos de financiamiento específicos adecuados a las circunstancias de cada país.

En tercer lugar, utilizar soluciones tecnológicas para asegurar la continuidad de la atención y combatir el aislamiento.

Los sistemas de telemedicina reducen las posibilidades de transmisión de patógenos, al tiempo que permiten atender las necesidades médicas normales y urgentes de las personas vulnerables. Para controlar los signos vitales y recordar a las personas que deben tomar su medicación es posible utilizar tecnología integrada que se puede llevar puesta, lo que reduce la necesidad de contacto físico con los cuidadores. El aislamiento, que siempre ha constituido un problema con graves consecuencias psicológicas y fisiológicas para las personas dependientes, se ha intensificado por las medidas de distanciamiento social y se puede abordar mejorando la disponibilidad y facilitando el uso de sistemas de teleconferencia y otros sistemas de comunicación diseñados específicamente para atender las necesidades de los adultos mayores frágiles y las personas con discapacidad.

Los daños que la COVID-19 ha ocasionado a los adultos mayores frágiles, las personas con discapacidad, sus familias y sus cuidadores son preocupantes.  La necesidad de contacto con otros para sobrevivir que presentan estos grupos, que se hallan entre los más vulnerables de la sociedad, acentúa su exposición durante la pandemia. Es crucial que los Gobiernos tomen medidas para atender las necesidades inmediatas de esas personas durante la crisis. Resulta igualmente importante desarrollar sistemas y políticas para mitigar crisis futuras, entre ellas una posible segunda ola de brotes de COVID-19 y los prolongados problemas sanitarios provocados por la infección. La creación de sistemas resilientes y accesibles que prioricen tanto la atención en instituciones como en el hogar, el mejoramiento de la supervisión pública y la incorporación inteligente de soluciones informáticas y de sistemas de protección social pueden preparar a las sociedades para salvaguardar de esta crisis y otras futuras a sus poblaciones dependientes conformadas, entre otros, por adultos mayores frágiles y personas con discapacidad.

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Autores

Michal Rutkowski

Director superior del Departamento de Prácticas Mundiales de Protección Social y Trabajo del Banco Mundial

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