Niña escribiendo en una sala de clases con sus compañeros en la Comunidad Floripón, Siuna, Nicaragua.
La COVID-19 tendrá consecuencias duraderas innegables para muchas generaciones, ya que un componente central de las estrategias nacionales para contener la propagación del virus fue el cierre temporal de las escuelas. La interrupción no fue menor: las escuelas latinoamericanas permanecieron cerradas en promedio casi un año y medio, y ello genera gran preocupación por el costo económico futuro de estos cierres.
La crisis causó importantes pérdidas de aprendizaje que, si no se subsanan, también provocarán un aumento en las tasas de deserción escolar. En ambos casos, el resultado es un impacto drástico en la formación de capital humano que afectará gravemente la adquisición de habilidades de quienes permanecen en el sistema educativo. Como resultado, los niños afectados por la pandemia tienen mayores probabilidades de ingresar a la vida adulta con menos competencias de las que tendrían en otras circunstancias y, en consecuencia, tendrán menos ingresos previstos a lo largo de su vida.
Tanto los modelos de proyección mundiales como los estudios empíricos han estimado que los costos económicos de las sociedades derivados de estas pérdidas de aprendizaje pueden ser enormes. ¿Pero estas pérdidas son suficientes para afectar la situación de pobreza de los estudiantes en el largo plazo?
Un estudio reciente del Banco Mundial titulado El impacto de la COVID-19 en la educación en América Latina: Consecuencias a largo plazo en la pobreza y la desigualdad (en inglés), nos proporciona información para responder esta pregunta a partir de la base de datos SEDLAC. En el informe se describe una situación calamitosa para el futuro.
La pandemia de la COVID-19 puede suponer un aumento sustancial de la pobreza de ingreso en el futuro para la cohorte afectada por la crisis. En 2045, el impacto previsto se traduciría en un aumento de 1,7 puntos porcentuales en el índice de pobreza (línea de pobreza de USD 6,85 al día en PPA de 2017). Extrapolado a la totalidad de la población de América Latina y el Caribe de entre 30 y 45 años, cuando los jóvenes afectados por la pandemia alcanzarían aproximadamente su edad de máxima de producción en el mercado laboral, casi 5 millones de personas caerían en la pobreza si los padres, los Gobiernos o ambos no aplicaran medidas de compensación (pasar de clases presenciales a clases en línea, equipar a los estudiantes con computadoras portátiles, dedicar tiempo a la escolarización de los hijos, etc.).
Patrones de la incidencia de la pobreza a lo largo del tiempo después de la pandemia
Nota 1: Sin ajuste: valores que asumen que no hay reacciones del Gobierno ni de los padres ante la pérdida de días de escuela durante la pandemia. Ajuste completo: valores que asumen la existencia de reacciones tanto del Gobierno como de los padres ante la pérdida de días de escuela durante la pandemia.
Nota 2: línea de pobreza de USD 6,85 al día en PPA de 2017.
Nota 3: media no ponderada de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, México, Perú, Paraguay y Uruguay.
Incluso en el escenario más optimista, en el que se implementaron completamente estas medidas, el aumento de la pobreza seguiría siendo de alrededor de 0,7 puntos porcentuales. El impacto sería aún más fuerte para quienes abandonaron la escuela, con un aumento estimado de la pobreza de más de 10 puntos porcentuales.
Lo que es más importante, el estudio también indica que el efecto negativo en la pobreza duraría mucho tiempo y solo se absorbería totalmente cuando la generación más afectada comenzara a jubilarse.
En general, la enseñanza en materia de políticas relevantes en este caso, que es coherente con estudios anteriores es la siguiente: los cierres estrictos de las escuelas, que se dictaminaron para contener la transmisión de la COVID-19, condujeron a pérdidas sustanciales en términos de bienestar. Por lo tanto, ahora los esfuerzos normativos necesarios para retomar el rumbo son enormes y deben mantenerse durante mucho tiempo.
Esta es una lección importante que se debe considerar a la hora de diseñar una respuesta de políticas óptima para este tipo de crisis en el futuro. Las políticas educativas en la época posterior a la COVID-19 deberán centrarse en reducir estos déficits de aprendizaje, y ello incluye intervenciones como los programas de cursos de recuperación después de la jornada escolar.
En América Latina y el Caribe, la agenda educativa posterior a la COVID-19 también requeriría nuevos compromisos para reintegrar a todos los niños que abandonaron la escuela; recuperar el bienestar socioemocional de los niños, y valorar, apoyar y capacitar a los docentes.
Los sistemas de protección social también necesitan una reforma fundamental para ser más adaptativos y aumentar la cobertura, la capacidad de respuesta, la interoperabilidad y el uso de los datos para responder mejor a las crisis. El Fondo de Prevención, Preparación y Respuesta frente a las Pandemias, aprobado recientemente, es una herramienta importante para apoyar a los países que están considerando estas políticas para responder a la COVID-19.
Los autores agradecen la orientación de Emanuela Di Gropello, jefa de la práctica de Educación en América Latina y el Caribe.
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