Tomas Castelazo | Wikimedia Commons
La revista colombiana Dinero, una de las publicaciones económicas más reconocidas de América Latina, recientemente publicó un estudio del Banco Mundial en el que clasificaba a Colombia como el segundo país más competitivo del mundo—detrás de un empate entre Gran Bretaña y Australia—para financiar obras de infraestructura bajo el modelo de Alianzas Público-Privadas (conocidas como APP). De igual manera, este puntaje (de 83 puntos sobre 100) fue también compartido por las naciones de Paraguay y Filipinas.
A primera vista, este es un virtuoso reconocimiento—por lo menos en papel. En la práctica diaria en la región latinoamericana, así como en la mayoría de las economías emergentes, la complejidad administrativa de los órganos gubernamentales aún representa uno de los más altos retos que demanda de atención inmediata para que las APPs puedan alcanzar su potencial máximo. Hacer esto correctamente integraría realmente el modelo de PPP en el motor de desarrollo económico y social requerido para competir en una economía globalizada.
Mientras muchos gobiernos en economías emergentes, como Honduras o Kenia—por mencionar algunos—han dado pasos contundentes para mejorar el proceso de licitación y administración de APPs, estos procesos tienden a ser sumamente largos y con frecuencia, bastante lentos. Estos retrasos a menudo resultan en la expiración de licencias ambientales y permisos de construcción que ya se han obtenido, lo que lleva al proyecto a una parálisis completa.
Me complació ver que, que según un reciente estudio de la Asociación Internacional de Desarrollo (conocida como IDA por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, la participación privada en proyectos de infraestructura energética renovable representó el 70% de todos los proyectos de energía en 2017 en las economías emergentes, un aumento considerablemente significativo al compararse con el 38% que figuraba en el año 2013.
Como empresarios en la industria de la energía, esto nos alienta a utilizar mecanismos de APP cuyas estructuras ya se han mejorado, como en Colombia o Filipinas. Al igual que los proyectos de energía renovable son una necesidad global del siglo XXI, las plataformas sólidas que facilitan su desarrollo también son de rigueur.
Muchas de las deficiencias en el manejo de las APPs son generadas debido a la falta de real entendimiento (del modelo de la alianza) por parte de los órganos gubernamentales. Esto implica que en repetidas ocasiones los gobiernos dobleguen el peso en la balanza e impongan sus procesos frente al sector privado. En otras palabras, se diluye del verdadero significado de la alianza y por tradición burocrática de mecanismos y protocolos, opacan las ventajas, la disciplina y el conocimiento experto que trae el sector privado a la mesa de las APP.
Aquí es donde necesitamos realmente volver a equilibrar las necesidades de los dos socios en las PPP. La velocidad y flexibilidad que brinda el sector privado es un valor agregado que inyecta confianza en la inversión y el desarrollo de proyectos de infraestructura.
Al mismo tiempo, estos elementos deben complementarse con la seguridad a largo plazo que ofrece el sector público. En Colombia, por ejemplo, este equilibrio se ha puesto en práctica mediante leyes que reflejan la base fundamental de las APP, como la Ley de APP de 2012 y el establecimiento de la Agencia Nacional de Infraestructura, una entidad pública que gestiona proyectos de APP en el sector del transporte.
Como presidente de una empresa de desarrollo de infraestructura energética, reconozco que la oferta de recursos naturales es cada día más limitada a nivel global, lo cual no solo ha despertado el interés de nuevos actores para participar en dichos proyectos, sino que a su vez ha aumentado la competencia internacional para acceder a ellos. La rapidez de los avances tecnológicos nos invita hoy más que nunca a ser innovadores y buscar alternativas frente a nuevos retos.
Muchos modelos del pasado simplemente ya no satisfacen las demandas de nuestro mundo globalizado. Esto en un escenario ideal para duplicar las PPP para introducir eficiencia e innovación en algunos servicios públicos obsoletos o ineficientes.
Y este modelo lo conocemos muy bien en ININCORP, pues todos nuestros proyectos, al igual que la esencia misma de la APP, se constituye en ofrecer soluciones que alineen necesidades públicas con capacidades realizables y viables aportadas por el sector privado.
Contar con un marco de Alianzas Publico-Privadas aplaudido por el Banco Mundial, como ocurre con los casos de Colombia, Paraguay o Filipinas, debería representar una tendencia positiva que demuestre un aceleramiento en el desarrollo de los proyectos APP a lo largo y ancho de estas naciones. Lamentablemente, estos sistemas también proporcionan obstáculos que pueden conducir a una disminución en la finalización de tales iniciativas.
Los gobiernos tienen razón al garantizar buenos proyectos que sean sostenibles, asequibles y que brinden un excelente servicio a su gente. Pero debemos protegernos de las consecuencias, que aun sin intención, pueden amenguar los objetivos para los que se forjaron estas alianzas.
Aviso: El contenido de este blog no refleja necesariamente las opiniones del Grupo del Banco Mundial, su Directorio Ejecutivo, el personal o los gobiernos que representa. El Grupo del Banco Mundial no garantiza la exactitud de los datos, hallazgos o análisis en esta publicación
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