Woman coffee worker
El residente promedio de la Unión Europea (UE) gasta EUR 150 al año en café, un bajo precio para lo que muchos consideran una de las necesidades de la vida. Este ritual matutino también apoya los medios de subsistencia en África: el café representa hasta el 60 % de los ingresos de exportación de Etiopía y sirve de sustento a millones de familias.
El hilo invisible que conecta las tazas europeas con las laderas etíopes es uno de los éxitos silenciosos del comercio mundial. Pero ahora, los agricultores que han suministrado granos de café de calidad durante generaciones se enfrentan a la exclusión del mayor mercado si no pueden proporcionar la ubicación exacta de sus parcelas, como lo exige una nueva regulación de la Unión Europea destinada a prevenir la deforestación.
En un nuevo informe del Banco Mundial se examina cómo los países en desarrollo pueden cumplir con los requisitos de la UE sin sacrificar su potencial en el ámbito del comercio. Sobre la base de estudios de casos y conocimientos de los donantes, en la publicación se señala que para tener éxito es necesario actuar de manera coordinada en múltiples frentes.
La difícil situación de los agricultores de Etiopía indica que el imperativo de prevenir la deforestación —que contribuye al cambio climático— puede contraponerse con los objetivos de desarrollo. La urgencia es clara: entre 2000 y 2020, en el mundo se perdieron alrededor de 100 millones de hectáreas de bosques, una superficie aproximadamente del tamaño de Egipto. La agricultura es responsable de tres cuartas partes de la pérdida de bosques tropicales, y la UE consume una parte importante de los productos básicos que ponen en peligro los bosques.
El Reglamento de la Unión Europea sobre deforestación (EUDR) exige a los proveedores de café, cacao y otros productos básicos demostrar que sus productos no se originaron en tierras deforestadas después de 2020. Para las grandes empresas con sistemas digitales integrados, esto implica cambios complejos pero manejables. Para los pequeños agricultores de cadenas de valor extensas que involucran a diversos intermediarios —con contratos insuficientes, vacíos en los registros digitales y documentación incompleta— la situación podría ser abrumadora.
Aunque los requisitos de cumplimiento del EUDR podrían proporcionar incentivos adicionales para aplicar la regularización de los derechos sobre la tierra y la trazabilidad en las cadenas de suministro —reformas que normalmente conducen a aumentos de la productividad y una mayor inversión a mediano y largo plazo (i)—, se espera que los costos de cumplimiento inmediatos sean considerables. Esto crea una tensión crítica: las reformas que podrían beneficiar a los agricultores en el largo plazo requieren inversiones iniciales que muchos no pueden realizar.
En el nuevo informe del Banco Mundial se exponen estas complejidades y se proponen medidas para que los países en desarrollo puedan cumplir los requisitos de la UE sin sacrificar su potencial en el ámbito del comercio. Sobre la base de estudios de casos y conocimientos de los donantes, en la publicación se señala que para tener éxito es necesario actuar de manera coordinada en múltiples frentes.
El desafío comienza con la recopilación de datos fragmentados. En Etiopía, por ejemplo, la mayoría de los caficultores venden sus granos a través de canales informales. Sin los registros adecuados o las herramientas digitales, es casi imposible rastrear los granos de café hasta la finca original. Incluso cuando existen datos, a menudo están dispersos en diferentes oficinas gubernamentales o empresas privadas, lo que dificulta a los exportadores recopilarlos y presentarlos de manera simple a sus socios importadores europeos.
Pero la confianza es tan importante como la tecnología. En las aldeas remotas, pedir a los agricultores que compartan las coordenadas GPS de sus tierras puede parecerles que están entregando las llaves de su reino y hacer preguntas como “¿Y si viene el recaudador de impuestos después?” o “¿qué pasa si alguien disputa mi derecho sobre esta tierra que mi abuelo despejó?”. Estos temores no son infundados: en muchos países en desarrollo, una proporción significativa de la fuerza laboral depende de la agricultura, pero los derechos sobre la tierra siguen siendo poco claros, y los agricultores a menudo no están dispuestos a compartir datos con las autoridades.
El cumplimiento de regulaciones como el EUDR exige desarrollar sistemas de trazabilidad interoperables para rastrear los productos agrícolas desde su origen hasta el consumidor. Crear estos sistemas es complejo, costoso y requiere la colaboración entre los Gobiernos, las empresas y los asociados internacionales.
A pesar de los desafíos, algunos países están logrando avances importantes. El sistema SIPO de Indonesia para el aceite de palma, el enfoque colaborativo de Perú para el mapeo de datos, y los exportadores de cacao innovadores de la República Dominicana muestran que el éxito es posible. Estos ejemplos ponen de relieve la importancia del liderazgo gubernamental, la innovación del sector privado y, lo que es más importante, la inclusión de los pequeños agricultores. Para replicar estos modelos se requiere inversión en capacitación, herramientas digitales y una clara orientación jurídica, lo que pone de relieve el papel vital de las asociaciones internacionales a la hora de proporcionar financiamiento y conocimientos técnicos.
El EUDR, que entrará en vigor el 30 de diciembre de 2025, ya está provocando cambios en el mercado, y revelando un desequilibrio de poder en el comercio mundial. Los países que dependen en gran medida del mercado de la UE, pero tienen poco poder de negociación, son los más vulnerables. Sin embargo, esta presión también puede ser un catalizador para un cambio positivo.
Las naciones que implementen con éxito cadenas de suministro sostenibles y trazables no solo mantendrán el acceso a los mercados, sino que también atraerán compradores e inversiones de primera calidad, además de los beneficios ambientales que aporta el cumplimiento, como el aire más limpio y la preservación de la biodiversidad. Este proceso demuestra que los objetivos ambientales, entre ellos la conservación de los bosques, y el bienestar económico de los pequeños agricultores se pueden reforzar mutuamente.
Al empoderar a los agricultores con las herramientas y el apoyo adecuados para probar sus prácticas sostenibles, podemos garantizarles un mejor acceso a los mercados y, al mismo tiempo, proteger bosques cruciales. En última instancia, la creación de un sistema de comercio mundial inclusivo y sostenible es esencial tanto para el medio ambiente como para los medios de subsistencia de millones de pequeños agricultores.
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