Los sistemas de protección social pueden ayudar a los países a hacer frente a la COVID 19 (coronavirus)

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No hay lugar en el mundo que no esté, directa o indirectamente, afectado por el coronavirus (COVID‑19). Y cuando estalla una crisis, los sistemas de protección social son cruciales para salvaguardar a las personas pobres y vulnerables. Actualmente, en respuesta a la pandemia, 126 países han promulgado o adaptado políticas de protección social y sobre el mercado laboral, de las cuales 505 ya están en vigor.  Sin embargo, en muchos otros lugares del mundo, la cobertura de los programas sigue siendo limitada, especialmente donde más se necesita. Ahora que los países implementan iniciativas para mitigar el impacto del nuevo coronavirus, permítanme proponer tres medidas de protección social —dos a corto plazo y una a mediano plazo— para que nadie quede atrás a causa de esta crisis sin precedentes.

En primer lugar, proporcionar asistencia social para que las sociedades superen la pandemia. Las cuarentenas, el cierre de negocios no esenciales, el aumento del precio de los alimentos y de los productos básicos —y de un acceso más limitado a ellos—, así como mayores costos médicos, están afectando negativamente a millones de personas.

En los países en que el virus ya está muy extendido es fundamental ampliar las redes de protección social y a través de ellas desembolsar rápidamente más transferencias monetarias, o de mayor cuantía, tanto a los nuevos como a los actuales beneficiarios. Como respuesta a la COVID‑19, ya se han aplicado 130 nuevas iniciativas de este tipo.  Filipinas, por ejemplo, ha introducido cinco nuevos programas de dinero en efectivo en paralelo a su programa nacional Pantawid.

Los países también deben ampliar las redes de protección social a determinados grupos vulnerables, entre ellos los que trabajan en sectores cuyos empleos han sido afectados, como el turismo. A estos trabajadores se les pueden hacer pagos que compensen la pérdida de ingresos. En Italia y Corea del Sur, por ejemplo, se están proporcionando vales o asignaciones para el cuidado infantil. Entre los programas de asistencia social en curso se cuentan, entre otros, el apoyo a personas sin hogar, como se está haciendo en España; subvenciones que permitan a los servicios públicos eximir del pago de tasas por servicios básicos, como en El Salvador; exenciones de préstamos y otras obligaciones financieras, como en Bolivia, y obras públicas esenciales relacionadas con la COVID‑19, como se está probando en Filipinas.

El Grupo Banco Mundial se movilizó con rapidez y dispuso asignar hasta USD 160 000 millones en los próximos 15 meses para intervenciones sobre la COVID-19 cruciales en los países más pobres del mundo. En Pakistán, hemos otorgado USD 25 millones en transferencias monetarias de emergencia para 4 millones de personas en el marco del Programa Benazir de Apoyo a los Ingresos (BISP). Esta asistencia adicional a los más pobres contribuirá a evitar estrategias negativas para hacer frente a la situación —como la reducción del consumo de alimentos o la venta de activos vitales— y ayudará a proteger el capital humano. Con otros USD 12 millones se financiará la entrega de suministros de alimentos básicos a 40 000 personas en cuarentena o con movilidad limitada a lo largo de seis meses. En Tayikistán, el actual sistema selectivo de asistencia social proporcionará transferencias monetarias durante plazos determinados a los hogares que padecen inseguridad alimentaria y en los que haya niños menores de 2 años, medida con la que se pretende mitigar los efectos del aumento de los precios de los alimentos y garantizar la nutrición infantil.

En segundo lugar, preservar los medios de subsistencia mediante la mantención o la recuperación de los empleos. Estimamos que la COVID‑19 generará un considerable aumento del desempleo y el subempleo.  Por su parte, analistas del sector privado ya pronostican perturbaciones mucho mayores en la producción y el empleo si no se aplican políticas enérgicas.

Para ayudar a mitigar esos riesgos a corto plazo, los Gobiernos pueden otorgar donaciones puntuales a las empresas pequeñas para que sobrevivan a la crisis o se recuperen tras ella, así como subvenciones a compañías del sector privado para reducir al mínimo los despidos. El Gobierno de Corea del Sur, por ejemplo, financiará subsidios de hasta dos tercios de los salarios para que los empleadores puedan mantener la mano de obra durante períodos de fuerte descenso de los ingresos o de aumento de existencias a causa del brote: el límite máximo es de USD 66 por trabajador por día. Malasia ha adoptado un enfoque diferente para la creación de empleo en el turismo y otros sectores afectados, y ha proporcionado, en concepto de donaciones de contrapartida, hasta RM 100 millones (unos USD 23 millones) al Fondo para el Desarrollo de los Recursos Humanos. Con esta intervención se financiará una plantilla de 40 000 empleados adicionales.

En tercer lugar, reforzar los sistemas de protección social para garantizar que se está preparado para crisis futuras. Una vez que disminuya la pandemia, los Gobiernos no deben perder tiempo y deben disponerse a mejorar los sistemas de redes de protección social existentes  para que puedan responder mejor a crisis futuras. Esto significa mejorar los sistemas de prestación de servicios para que los programas de protección social lleguen con más rapidez, eficiencia y transparencia a los sectores vulnerables, y que tengan la capacidad de ampliarse en tiempos de crisis. Significa también centrarse en generar resiliencia mediante iniciativas de inclusión económica.

El Banco Mundial ha ayudado a países de ingreso bajo de todo el mundo a desarrollar sus redes de protección social, a responder mejor a las perturbaciones y estar así mejor preparados para enfrentar las crisis. Por ejemplo, en Mauritania, el Banco ha apoyado el desarrollo del programa Tekavoul de transferencias monetarias para personas en situación de pobreza crónica, así como la creación del programa Elmaouna de respuesta a las crisis, que entrega transferencias monetarias temporales en pequeña escala. Este tipo de sistemas pueden ampliarse durante las crisis y adaptarse a las nuevas necesidades.

Como suele decirse, más vale prevenir que curar. El establecimiento de sistemas de protección social que puedan responder a una emergencia de manera eficiente y en la escala adecuada ayudará a gestionar los efectos devastadores de la mayor pandemia que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida.  

 

Autores

Michal Rutkowski

Director superior del Departamento de Prácticas Mundiales de Protección Social y Trabajo del Banco Mundial

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