Alentar la inversión privada en infraestructura permite estimular el crecimiento en el mundo en desarrollo
A finales de este mes se espera que las Naciones Unidas finalicen sus objetivos de desarrollo sostenible (ODS), un plan de acción mundial diseñado para acabar con la pobreza y apoyar el crecimiento de largo plazo. Uno de los objetivos señala: “Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación”.
En muchas partes del mundo en desarrollo, desde Asia hasta América Latina, un enorme déficit de infraestructura puede ser el obstáculo más importante para el desarrollo humano y económico, y abordarlo sostendrá el progreso de muchos de los ODS.
Cerca de 2500 millones de personas (i) en el mundo todavía carecen de acceso a saneamiento adecuado y 768 millones no tienen agua potable. Más de 1000 millones no cuentan con electricidad en sus hogares. Si asociamos estas cuestiones con otros problemas comunes –como carreteras en malas condiciones, puentes derruidos, aeropuertos mal administrados y puertos ineficientes– tendremos una receta para un crecimiento cercano a cero.
Solo con importantes inversiones en infraestructura en todo el mundo en desarrollo podemos ayudar a promover un crecimiento significativo y terminar con el flagelo de la pobreza.
Para acercarse a ese objetivo, los países en desarrollo deberán canalizar al menos otro billón de dólares al año en desarrollo de infraestructura. Pero dado que muchos Gobiernos de todo el mundo enfrentan restricciones fiscales, ¿de dónde vendrá ese dinero?
La respuesta está en el sector privado, cuya experiencia y potencial financiero pueden ayudar a hacer realidad los proyectos vitales de infraestructura.
El sector privado tiene un papel clave
En la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, ayudamos a las empresas privadas a invertir en las naciones en desarrollo, como parte de nuestro esfuerzo por combatir la pobreza e impulsar la prosperidad compartida. Las inversiones en infraestructura de IFC han creado más de 2,5 millones de puestos de trabajo, suministrado agua potable a más de 23 millones de personas, provisto de electricidad a 100 millones de habitantes y conectado con servicios de telefonía a más de 237 millones de personas.
Los Gobiernos a través de todo el mundo han comenzado a aprovechar las inversiones privadas en el sector de infraestructura.
Jordania, por ejemplo, aprobó una nueva ley de energías renovables en 2012, facilitando el desarrollo de proyectos en gran escala. Como resultado de ello y con el apoyo de IFC, el país finalizó recientemente el financiamiento de siete plantas de energía solar con una capacidad combinada de 102 megavatios, el proyecto solar más grande de la región, hasta el momento, impulsado por el sector privado.
Este avance en Jordania forma parte de una serie de proyectos de energía liderados por el sector privado en Oriente Medio y Norte de África que podrían añadir más de 100 gigavatios a la red eléctrica para 2030.
A pesar de las historias positivas como estas, el sector privado es responsable de menos del 15 % del total de inversiones en infraestructura en las economías emergentes y en desarrollo, mientras que los Gobiernos representan el 70 %. Pero además, el 95 % del financiamiento que el sector privado destina a infraestructura va a países de ingreso mediano, dejando pocos recursos para los Estados más pobres y necesitados.
Receta para el crecimiento
La pregunta es: ¿cómo podemos cambiar eso?
En primer lugar, los Gobiernos deben crear un entorno en el que el sector privado pueda prosperar, poniendo límites a la corrupción y desarrollando marcos regulatorios transparentes. Dada la naturaleza de largo plazo del desarrollo de infraestructura y las enormes cantidades de dinero involucradas, los inversores necesitan poder confiar en los mercados en que operan.
En segundo lugar, los países deben apoyar las alianzas público-privadas (APP), en las que las empresas y los Gobiernos trabajan de manera conjunta en grandes proyectos de infraestructura. Las APP permiten que los Estados aprovechen la experiencia del sector privado, mientras que los funcionarios públicos se centran en las políticas y la planificación.
Por último, las instituciones financieras internacionales deben seguir apoyando el desarrollo de infraestructura. IFC, por ejemplo, invirtió US$4000 millones en proyectos de infraestructura durante el ejercicio de 2015. Sin embargo, existe margen para que los organismos de desarrollo hagan aún más.
Desde la puesta en marcha de los objetivos de desarrollo del milenio (ODM) —precursores de los ODS— hace 15 años, el mundo ha hecho grandes progresos en cuanto a la prestación de servicios básicos a sus ciudadanos más pobres. Pero para 2030, el planeta probablemente necesitará un 40 % más de energía y enfrentará un 40 % de déficit de agua.
Estas cifras son preocupantes. Pero sería prudente recordar que mediante el aprovechamiento del sector privado, podemos liberar el poder transformador de la infraestructura.
Inicialmente publicado en inglés en el Hufftington Post
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