El derecho de toda persona de ser reconocida

En 1996, cuando Jim Wolfensohn (i) era presidente del Grupo Banco Mundial, (i) él declaró que el “cáncer de la corrupción” debía combatirse de manera muy similar a como se combate la pobreza, el hambre y las enfermedades. Pese a que investigaciones recientes han demostrado que las instituciones públicas deficientes y las políticas económicas distorsionadas son un caldo de cultivo de prácticas corruptas, muchos consideraban que la corrupción no era un asunto económico, sino político. Este problema debía dejarse en manos de los Gobiernos, y no de los expertos en desarrollo.

Sin embargo, la afirmación de Wolfensohn era convincente y sumamente simple: debemos combatir la corrupción porque esta desvía recursos de los pobres a los ricos, porque aumenta el costo de hacer negocios, y porque distorsiona el gasto público y aleja a los inversionistas extranjeros. Por último, Wolfensohn describió la corrupción como un gran obstáculo para un desarrollo sólido y equitativo. Con la atención puesta en la transparencia y la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción y la necesidad de promover el buen gobierno pasaron a formar parte del programa de desarrollo del Banco. Casi 20 años después, puede ser difícil apreciar lo importante que fue ese momento.

Hoy sabemos que es posible poner fin a la pobreza y promover la prosperidad compartida en el transcurso de nuestras vidas. Pero también sabemos que no será fácil. Los países deberán hacer todo lo que sea posible en cada ámbito del desarrollo: la salud, la educación, la energía o cualquier otra esfera comprendida en los 17 nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre estos objetivos, la calificación del desarrollo de la próxima generación se determinará por el objetivo 16, que nos pide “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”.

En todo lugar, las personas quieren una administración pública justa, barrios seguros y acceso transparente a la justicia. Pero el buen gobierno no es bueno para su propio beneficio: también es una piedra angular clave del desarrollo. No se puede tener lo uno sin lo otro.

Por la labor que realizamos en el Grupo Banco Mundial, sabemos que existe una fuerte correlación positiva entre la calidad de las instituciones y la prosperidad de un país.
La mala gestión y la corrupción crónicas, por otra parte, desmoralizan a los ciudadanos y menoscaban su confianza en el Estado. La corrupción agudiza la pobreza, porque los pobres son más vulnerables a la explotación y al soborno a cambio de servicios como atención de salud y educación. Los efectos de la corrupción son personales y devastadores. Las personas van quedando atrapadas en la pobreza, o empantanadas sin poder desarrollar su potencial. Por eso es tan importante cultivar la confianza cívica para propiciar un crecimiento inclusivo.
Hemos aprendido mucho desde que el buen gobierno pasó a formar parte de la agenda de desarrollo, aunque no exista una fórmula mágica.

Por ejemplo, la elaboración de presupuestos (i) de manera abierta y transparente mejora los resultados en términos de desarrollo. Pero para lograr un verdadero impacto, debe haber participación de la ciudadanía: se deben incluir sus necesidades, y los responsables de las políticas deben rendirle cuenta. Esto es tan importante como la supervisión de la ejecución presupuestaria por las instituciones de fiscalización oficiales. Un proceso abierto deriva en la utilización más eficaz y eficiente de los fondos públicos, al tiempo que genera confianza entre los ciudadanos y sus Gobiernos.

En Sudáfrica, por ejemplo, el uso eficaz de los datos presupuestarios por las agrupaciones de la sociedad civil resultó en un aumento de los recursos destinados a donaciones en apoyo a la infancia. (i)

Todos los estudios apuntan a que la elaboración de presupuestos en forma participativa tiene beneficios para el desarrollo: menor mortalidad infantil en Brasil, mayor cobertura de servicios básicos en India y mejor focalización de los programas de protección social en México.

Otra área de importancia crítica son las adquisiciones públicas. Para que los Gobiernos puedan llevar adelante la mayor parte de sus grandes prioridades —ya sea construir caminos y presas, o proveer de medicamentos a las clínicas y de libros a las escuelas— suele requerirse algún tipo de transacción financiera de gran volumen. Dadas las cantidades de dinero en cuestión (a menudo, entre el 15 % y el 25 % del producto interno bruto de un país), las adquisiciones son proclives a la corrupción. La reforma de las adquisiciones (i) puede ahorrar dinero y agilizar la prestación de servicios, lo que a su vez genera confianza entre el público y levanta la moral de la ciudadanía.

En Túnez, el Banco Mundial trabajó con el Gobierno para introducir un nuevo sistema electrónico de compras públicas que ha aumentado de 7 % a 40 % la proporción de contratos ejecutados en menos de 120 días.

Y a veces simplemente se trata de que los ciudadanos sean reconocidos. En Bangladesh, como en muchos países, no tener documentos de identificación legales dificulta la apertura de cuentas bancarias, la inscripción de tierras o la recepción de pagos de asistencia social. Hemos estado trabajando con el Gobierno de ese país para aumentar el número de personas que poseen una cédula de identidad, de alrededor del 10 % hace unos 10 años a casi el 85 % en la actualidad. Ahora esas personas pueden acceder a servicios sin tener que someterse a largos procesos para demostrar su existencia.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 se conoce como “el objetivo enfocado en la gente”. Es alentador observar que algo tan vital para combatir la pobreza quedará incorporado en dicho objetivo: el derecho de toda persona de ser reconocida, de recibir un trato justo y de poder pronunciarse sobre el futuro de su país.